La Cámara baja convirtió en ley el proyecto oficial que reduce las contribuciones patronales de las microempresas para combatir el empleo en negro. El Frente de Izquierda y el macrista Federico Sturzenegger votaron en contra. Con la norma, el Gobierno aspira a regularizar 650 mil trabajadores en dos años.
Con 227 votos a favor y tras un debate de 11 horas, la Cámara de Diputados de la Nación convirtió en ley el proyecto que reduce los aportes patronales de microempresas para fomentar el empleo registrado y regularizar, según estimaciones oficiales, 650 mil trabajadores en dos años.
Votaron en contra de la iniciativa dos diputados del interbloque Frente de Izquierda y el macrista Federico Sturzenegger. Se abstuvieron Claudio Lozano, de la Unidad Popular, y Alcira Argumedo, de Proyecto Sur.
La Ley beneficia con reducciones del 50 por ciento de las contribuciones patronales, sin límite de tiempo, a empresas que tienen hasta cinco trabajadores, y que no son sociedades anónimas y tienen un cierto nivel de facturación anual.
Una vez ingresada en el programa, la empresa puede contratar hasta siete trabajadores y mantener el beneficio sobre los primeros cinco. A partir del octavo trabajador se considera que la empresa pasa a ser una “pequeña empresa”.
Para las pequeñas y medianas empresas, se estableció un régimen temporal de reducción de contribuciones para contrataciones que incrementen la cantidad de trabajadores registrados en la empresa.
Las empresas de hasta 15 trabajadores que no se encuadren en el beneficio anterior, no ingresarán contribuciones durante los primeros 12 meses, e ingresaran el 25% de las mismas los siguientes 12 meses para cada nuevo trabajador que aumente la dotación de personal.
En tanto, las empresas de entre 16 y 80 trabajadores, ingresarán solo el 50% de las contribuciones durante los primeros 24 meses de una nueva relación laboral que incremente la dotación de personal de la empresa.
La ley también crea el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) que incluirá a todas las empresas que no registren a sus trabajadores, que contraten a niños o adolescentes fuera de los límites legales o que incurran en trata de personas para el trabajo forzado.
A las empresas que tengan infracciones, además de las sanciones que correspondan, se las incluirá en el Registro y se le aplicará por ello restricciones que irán desde la anulación de subsidios estatales hasta la pérdida de beneficios impositivos.
Por otra parte, la flamante ley tiende a consolidar la capacidad de inspección del Estado, a cargo del Ministerio de Trabajo, a través de una unidad especial en esta cartera que intervendrá junto con los inspectores.
El presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, Héctor Recalde (FpV) remarcó que el proyecto significa “un paso cualitativo” en el combate al trabajo en negro. “Nos podemos equivocar, pero nadie puede negar el rumbo que tiene este proyecto nacional, popular, democrático y latinoamericano”, enfatizó.
Recalde ponderó la creación de un “Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales” y la pérdida de beneficios a las empresas que no formalicen a sus empleados.
El diputado y dirigente del Sindicato de Mecánicos (Smata), Oscar Romero, aseveró que “prioriza al trabajo digno sobre el capital” y “es un paso adelante tendiente a bajar el empleo precarizado”.
En tanto el diputado y titular del gremio de petroleros privados, Alberto Roberti alertó que “la inflación rompe la cadena de empleo y el Estado hizo la vista gorda, emitiendo sin respaldo y no achicando el déficit”, y coincidió en que “el primero que contrata trabajadores en negro es el Estado”.
Su compañero, del gremio de Sanidad, Héctor Daer advirtió que “como este proyecto no va a generar empleo, tenemos que debatir cómo generar más medidas y crear nuevos puestos de trabajo”.