Adelanto de vacaciones, no renovación de contratos, un turno menos de producción, corte de horas extras, suspensiones, eran expresiones que durante un período de tiempo casi habían desaparecido del lenguaje cotidiano de los santafesinos.
Los altos índices de inflación, la desconfianza en el rumbo de la economía a partir de las medidas que toma el gobierno nacional, la falta de incentivos a las inversiones privadas por parte de las autoridades de todos los niveles (nacional, provincial y municipal) y la poca obra pública que se está ejecutando, conforman un panorama donde la creación de empleo es casi nula desde hace al menos dos años.
En realidad, después de una década de crecimiento, tampoco el mercado laboral argentino se transformó en un ejemplo para el resto del mundo, más allá de las conquistas laborales vigentes que los trabajadores consiguieron desde que el 31 de agosto de 1905 se sancionó la ley de descanso dominical, la que es considerada la primera norma laboral del país.
Dos índices sirven para mostrar el estado de situación en el país: según el Indec, el salario medio de la economía en el segundo trimestre del año fue de 5.000 pesos; mientras que tres de cada cuatro asalariados no supera los 7.500 pesos mensuales de ingresos. Para el Indec, el ingreso promedio de los profesionales es de 8 mil pesos, los empleados técnicos ganan alrededor 5.500 pesos, la media de los empleados operativos es de 5.000 pesos, y los no calificados rondan los 2.800 pesos.
El otro lo dio a conocer hace diez días la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que indica que la informalidad laboral afecta al 46,8% de los trabajadores de nuestro país. Si se considera el segmento de los jóvenes de entre 15 y 24 años, la tasa trepa al 61,6%. Los datos son de 2013, por lo cual nada hace suponer que este año hubieran mejorado.
En cifras, esto quiere decir que en la Argentina unos 7,2 millones de trabajadores de las áreas urbanas trabajan sin acceso a los derechos de la seguridad social, cifras que nos igualan con los promedios de América Latina y el Caribe, después de haber sido uno de los países más avanzados del mundo sobre la legislación de la seguridad social.
“Despidos no hay. Pero tampoco hay nuevos contratos de empleo, se suspendieron las horas extras y la extensión de turnos, las empresas adelantaron las vacaciones. La realidad es que desde principios de año no se generaron nuevos puestos de trabajo en el sector”, refirió el titular de la Unión Industrial de Santa Fe, Alejandro Taborda.
“La cuestión de fondo es que desde 2012 están todas las inversiones congeladas y si no hay nuevas no se generarán nuevos empleos. Todavía el año pasado algunas empresas tomaron empleados, pero para reemplazar a los que se jubilaban o renunciaban”, enfatizó.
En el sector comercial, en tanto, la situación no es buena. “Las expectativas que tiene el sector son malas. No hay despidos masivos, pero algunos hay. En cuentagotas, como se dice. El tema es que en el comercio el vínculo entre el dueño y el empleado se vuelve familiar con el tiempo, razón por la cual el comerciante lo último que hace es despedir gente”, explicó el presidente del Centro Comercial de Santa Fe, Norberto Raselli.
Respecto de los resultados que tuvo para el sector el plan 12 cuotas impulsado por el gobierno nacional, Raselli dijo que “ayudó, pero fue menos de lo que se esperaba. No fue importante, porque la gente está temerosa de lo que pueda pasar y cuida los gastos. Tenemos la esperanza de que esta situación termine pronto”.
Uno de los sectores más castigados por el freno de la economía es el de la construcción donde, según la UOCRA, se perdieron en todo el país 20 mil puestos de trabajo en el último año. “Desde hace siete u ocho meses la cifra de obreros ocupados está en retroceso en nuestra región”, admitió el titular de la Cámara Argentina de la Construcción delegación Santa Fe, Roberto Pilatti.
“El panorama no es bueno. Las grandes obras privadas están paradas porque en el país no hay inversiones; en el sector residencial se están terminando las que se habían empezado pero hay muy pocas nuevas y la obra pública provincial no está parada pero el presupuesto está subejecutado”, explicó Pilatti.
En el caso de la obra pública provincial, si bien el gobierno está pagando en término, hasta julio se habían cancelado certificados de obras por 1.050 millones de pesos sobre un presupuesto total para el año de 3.000 millones. A este ritmo estiman que el gobierno de Bonfatti gastará 1.700 millones de pesos y quedarán sin hacerlo alrededor de 1.300 millones.
“La situación no está bien. Este año va a ser difícil y la recuperación se va a demorar, porque así como cuando la actividad empieza a decrecer por inercia se mantiene unos meses, los signos de mejora recién empiezan a sentirse tiempo después de la recuperación”, explicó.