Con la ayuda gremios amigos, el Gobierno espera en siete días tener cerradas las negociaciones salariales de la mitad de los trabajadores regidos por convenios colectivos. Busca restarle impacto a la huelga del jueves del sindicalismo disidente.
El Gobierno espera tener resueltas las paritarias de la mitad de los asalariados del sector privado regidos por convenios colectivos antes del paro convocado por el sindicalismo disidente para el jueves próximo. Se trata de unos 2,6 millones de trabajadores sobre un total de 5,5 millones de convencionados, sin contabilizar los del sector público. En la mayoría de los casos se prevé que los gremios seguirán los pasos inaugurados el viernes pasado por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y continuados por la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), con aumentos salariales apenas por debajo del 30 por ciento en dos cuotas. El próximo desafío será la paritaria de Comercio, que suma más de un millón de trabajadores.
Para alcanzar ese escenario el Ejecutivo prevé echar mano del «club de la paritaria», integrado por gremios afines al oficialismo que ya firmaron o que aceptaron, en principio, suscribir incrementos nominales del 25 por ciento en dos cuotas con agregados de sumas fijas no remunerativas y otros componentes que elevan unos cuatro puntos porcentuales el impacto de bolsillo. A ellos deben sumarse los que entre enero y febrero sellaron entendimientos de transición para diferir el inicio de sus negociaciones formales hasta el segundo trimestre del año, como los casos de los bancarios, los ferroviarios, los colectiveros, los petroleros y los aceiteros, entre otros.
Cristina de Kirchner sabe que el paro convocado por Hugo Moyano y Luis Barrionuevo, de dos versiones disidentes de la CGT, con el apoyo de la CTA opositora de Pablo Micheli y de un conglomerado sindical inorgánico y de organizaciones y partidos de izquierda, cuenta con los elementos suficientes como para ser contundente. Sólo con la adhesión de los camioneros de Moyano, los colectiveros de la UTA y los maquinistas ferroviarios de La Fraternidad, la huelga obstaculizará la llegada a sus lugares de trabajo de asalariados en principio no contemplados en la medida de fuerza.
Pero con buena parte de las paritarias resuelta, en el Gobierno suponen que los planes de lucha impulsados por los dirigentes opositores terminarán por perder fuerza en los meses siguientes. Y de paso, los funcionarios creen que la lógica generalizada en esas primeras negociaciones contagiará a otros gremios sin el poderío autónomo con que cuentan organizaciones como la de Moyano.
Por eso el Ejecutivo apuró los cierres de las discusiones más numerosas en términos de afiliados. Hasta ahora logró hacerlo con alrededor de un millón de trabajadores. Son los de la UOM y la UOCRA, que pactaron un 15 en abril y un 10 por ciento acumulativo en julio, más una suma fija que terminó por computarse sobre el salario base que llevó el impacto real a 29,6 por ciento. Los trabajadores de entidades civiles y deportivas (Utedyc) obtuvieron un 30 por ciento en dos cuotas no acumulativas, en tanto que el gremio de los empleados de estaciones de servicio informó haber cerrado un entendimiento con los empresarios del sector por una suba del 36 por ciento.
En el mismo grupo figuran los mecánicos del SMATA, que negocian de manera sigilosa con las terminales automotrices y pactan subas trimestrales del orden del ocho por ciento, que al ser anualizadas oscilan un impacto del 35 por ciento. Mientras que dos gremios marítimos cerraron la semana pasada una suba anual del 26 por ciento.
Con acuerdos transitorios pendientes de renegociación para el segundo trimestre figuran los bancarios, los colectiveros (urbanos y de larga distancia), los ferroviarios, los aceiteros y los petroleros, cuyos gremios aceptaron diferir sus acuerdos a cambio de sumas fijas no remunerativas. Son un cuarto de millón de asalariados. Mientras que el número de 2,6 millones de trabajadores sólo se alcanzará una vez firmadas las paritarias mercantil (1,1 millón de empleados) y la de Sanidad, a cargo de los «gordos» de la CGT oficialista Armando Cavalieri y Carlos West Ocampo, respectivamente.
Fuente: Ámbito Financiero