Ante el cada vez más preocupante aumento de la pobreza, reflejado de manera ya indisimulable en los índices oficiales y denunciado en estos días, a través de sus informes, por la UCA, UNICEF y la ONU, el Concejal Mario Rodríguez ha solicitado al Departamento Ejecutivo tenga a bien conformar un “Comité de Crisis” en materia alimentaria y nutricional en el Partido de General Pueyrredon, convocando a formar parte del mismo a las diferentes áreas del D.E. que puedan aportar a la cuestión, sumando representantes del Honorable Concejo Deliberante y de instituciones de la sociedad civil comprometidas con dicha temática social.
Además, encomienda al Departamento Ejecutivo el diseño de un Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que supere la coyuntura y planifique el mediano y largo plazo.
En agosto, la Universidad Católica Argentina advirtió que la pobreza subió al 33 %. Impulsado por la devaluación, el índice de pobreza se ubicaría en torno a dicho porcentaje y, si el escenario no se modifica, la indigencia pasaría a afectar a uno de cada diez argentinos, advirtió Agustín Salvia, Director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA).
Continuó enfatizando el especialista: “La indigencia estructural en la Argentina, por lo menos en los últimos 10 años, ronda entre 5 % y 6%: 2 millones de habitantes no llegan a cubrir la canasta básica alimentaria”.
Un reciente estudio realizado por UNICEF coincide con el que a principios de este año publicó la Universidad Católica de Argentina (UCA): La pobreza infantil aumentó a 62,5 por ciento y ya hay ocho millones de niños pobres.
La situación de los menores de 0 a 17 años se agravó el año pasado en Argentina, y la tendencia indica que esto se mantendrá o que se agravará. Si se toman los datos más actualizados de la UCA, con una muestra más abarcativa del último trimestre del 2017, se observa que la intensidad de privaciones en los menores llegó al 65%.
Según el último informe de Barómetro de Deuda Social de la Infancia de la UCA (Universidad Católica Argentina), que revela una realidad dolorosa y preocupante, la pobreza alcanza al 48,1% de los niños en Argentina. De ese número se desprenden varios indicadores que marcan la carencia que están viviendo los menores en nuestro país.
En el caso de la alimentación, mientras un 17,6% tiene déficit en sus comidas, un 8,5% pasó hambre durante 2017, a la vez que aumenta de manera constante la asistencia a comedores infantiles. Las cifras seguramente se acrecentarán en un contexto como el actual con devaluación, inflación, shock tarifario y caída del salario real.
Recientemente un informe de Hilal Elver, relatora especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, instó al Gobierno a mejorar los programas sobre el tema. Luego de 10 días de visitas por diferentes puntos del país y reuniones con un variado abanico de sectores de la sociedad, Hilal Elver elevó un duro informe sobre la situación socio-económica del país, donde alertó que “en la Argentina casi cuatro millones de personas enfrentan una seria inseguridad alimentaria”, e instó al Gobierno a corregir los programas de comedores escolares.
La relatora especial de la ONU comentó además que “los programas alimentarios del Gobierno no se ajustaron en función de la devaluación del peso”; planteó que deberán reforzarse en su presupuesto en el futuro inmediato, y remarcó que los comedores escolares distribuidos a lo largo del país “solo deberían servir en situaciones de emergencia, ya que no constituye una verdadera solución”.
Frente a este desolador panorama, el Concejal Mario Rodríguez considera de suma importancia coordinar políticas tendientes a dar solución a estas urgentes necesidades de la población en situación de riesgo alimentario. «Es prioritario atender la acuciante coyuntura, pero también es importante avanzar en el diseño de un Programa Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional a largo tiempo, pensando un plan estratégico que permita hacer operativas políticas públicas, en busca de armonizar y garantizar la sostenibilidad de los procesos y la disposición de los recursos técnicos y financieros, así como la medición del impacto de la acción estatal y la inversión pública».