Comunicado del plenario de delegados de ATE INTA – INIDEP – SAF – SENASA Mar del Plata
En el marco de la lucha contra el AJUSTE los trabajadores delInstituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Secretaría de Agricultura Familiar (SAF), el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pequero (INIDEP) y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) organizados en ATE Mar del Plata, venimos a denunciar los recortes presupuestarios proyectados para 2017 y el consiguiente recorte en políticas de Estado que repercute directamente en los trabajadores de cada organismo.
La distribución de recursos del Estado en los servicios económicos pensada en el Presupuesto 2017 que el gobierno envió a Diputados es un 5% más baja que la de 2016. Esto incluye al Ministerio de Agroindustria, que en términos reales recibirá bastante menos dinero: apenas un 2,8% más que este año, contra una inflación reconocida que no baja del 40%.
En el caso de SENASA, se observa un presupuesto de 3746 millones cuando el organismo tiene proyectado recaudar 6192 millones en 2017. Esto claramente indica un importante recorte para un organismo que debe garantizar la calidad agroalimentaria de nuestro país y de lo que se exporta. Este ajuste definitivamente será destinado a financiar el déficit del Tesoro Nacional.
A su vez, se observan movimientos dentro del SENASA que vislumbran que se planea un organismo chico, residual, que solo cumpla funciones de auditoría sin injerencia en la fiscalización directa de los productores (por ej. Sistema online vigente para que los propios productores certifiquen la calidad de su producción sin intervención de veterinarios y otros inspectores). También, se han producido unificaciones de Jefaturas Regionales o cierre de Oficinas Locales con la consiguiente pérdida de intervención en el territorio.
Por todo esto, ATE SENASA convoco a un paro por 10 días donde se le manifestó esta preocupación al Ministro de Agroindustria, quien se comprometió a no despedir trabajadores y comenzar con los pases a planta permanente de los contratados.
En INIDEP, vemos una situación similar en un organismo que se encarga de garantizar la sustentabilidad del recurso pesquero asesorando al Consejo Federal Pesquero sobre su estado actual. Aquí también se visualiza un problema presupuestario. El organismo elevó un estimado de 717 millones para 2017 para cumplir con sus funciones, no habiendo sido aceptado.
Si bien para el 2016 el monto fue de $460 millones y para 2017 se aprueban $560 millones, ese incremento no llega a cubrir el funcionamiento real del instituto, dado que durante el año en curso el nivel de fondos ha quedado detrás de las necesidades operativas y hubiese sido necesario una asignación mayor sólo para cubrir ese año.
Si tenemos en cuenta que en lo que va del 2016 sólo se ha podido efectuar una sola campaña de relevamiento de datos, cuando se deberían hacer no menos de 4; el panorama para 2017 no es muy alentador. La falta de campañas impide conocer el estado actual de los recursos pesqueros, que son un Bien Común y no un patrimonio de las empresas; la ausencia de datos fidedignos dificulta el asesoramiento sobre las medidas de manejo que garantizan la sustentabilidad de cada especie.
A todo esto hay que agregar los procesos de certificación a la producción pesquera (ecoetiquetado) que no se han implementadocomo política pública (que implica la fiscalización a conciencia en pos del desarrollo sostenible, si no que se dejan librados a un convenio privado entre las empresas y los investigadores. Esto implica utilizarrecursos capacitados y pagados por el Estado en beneficio del sector privado.
Por otro lado, tenemos la situación del INTA donde recientemente se difundió el presupuesto previsto para el 2017 en el cual se observa una reducción presupuestaria de$1.140 millones en los rubros destinados a fines operativos que afectan directamente el funcionamiento y el cumplimiento de los compromisos institucionales.
Con esto, podemos destacar que habrá:
– $218 Millones menos para salarios de profesionales y científicos. Amenaza concreta sobre 300 contratos y 330 Planta no Permanente a partir del 1º de enero 2017.
– 340 becarios en formación que NO podrán ser incorporados a la Institución para mantener actualizada su planta profesional cubriendo nuevas áreas de trabajo o para reemplazo de vacantes generadas por jubilaciones de agentes de vasta experiencia.
– Pérdida de la autarquía para designación de trabajadores de Ciencia y Tecnología
Cabe recordar que el INTA no sólo trabaja en el desarrollo de tecnología agropecuaria, sino que, a través de programas como el Pro Huerta, se encarga de fomentar, capacitar y acompañar los distintos emprendimientos productivos desde lo familiar hasta lo comercial.
Finalmente, la Secretaria de Agricultura Familiarperteneciente al Ministerio de Agroindustria, como el resto de los organismos aquí descriptos; tiene por finalidad promovermodelos de producción sustentable, incentivando las producciones regionales que permitan el autoconsumo y la comercialización, y que el agricultor familiar siga viviendo en su lugar de origen.
Este organismo no escapa al peine fino del ajuste, empezando por ser uno de los sectores más castigados en el Estado Nacional con los despidos en 2016 y con una gran precarización laboral durante muchos años.
Respecto al presupuesto, en 2015 la Secretaría de Agricultura Familiar cerró el año exigiendo 1500 millones de pesos para desarrollar el universo donde están registradas 300 mil familias a las que se suman otras 200 mil por fuera del registro oficial del RENAF (Registro Nacional de Agricultura Familiar). Pero funciona con solo 300 millones. Con ese dinero no da ni siquiera para arrancar porque no olvidemos que entre el RENAF y el Monotributo Social Agropecuario se llevan un poco más de 200 millones de pesos, o sea, que quedarían unos 70 millones de pesos, con lo que la operatividad del organismo se verá reducida al mínimo.
Como si esto fuera poco, el Secretario de Agricultura Familiar de la Nación, Oscar Alloatti; anunció que iba a solicitar un incremento del 65% ($195 millones), hecho que si se produjera arribaríamos a un total de $495 millones.
Pero desde el Ministerio de Agroindustria, la cifra que garantizaron para el 2017 es todavía menor que la solicitada por la Secretaría de Agricultura Familiar. El Ministerio de Agroindustria garantiza un 18 por ciento, que es lo que tiene garantizado desde el Ministerio de Economía, y eso daría un total de 45 millones de pesos.
Todo esto provoca, entre otras cosas, que gran parte de los trabajadores precarizados que cumplen sus funciones en laSAF estén sin cobrar desde junio.
En resumen, con este panorama denunciamos el AJUSTE que se está dando en todo el Estado, sin resolver graves problemas como es la precarización de los trabajadores (mucho de ellos sin siquiera derecho a obra social, asignaciones familiares, etc; pero sí haciendo la misma tarea que sus compañeros de planta permanente), y profundizando con más recortes la transferencia al sector privado de responsabilidades inherentes del Estado.
Por todo esto, los trabajadores de INIDEP, INTA, SAF y SENASA organizados en ATE nos declaramos en estado de ALERTA y MOVILIZACION ante el retroceso que implican estas políticas.