Con un amplio despliegue de fuerzas federales y bajo la órbita de la Justicia, se realizaron inspecciones por presuntas infracciones a la Ley de Marcas. El predio intervenido funciona bajo regulación municipal tras una ordenanza sancionada por unanimidad.
Un importante procedimiento se llevó adelante este miércoles en la feria municipal emplazada en la Rambla, donde efectivos federales realizaron controles en el marco de una causa vinculada a la Ley de Marcas. La intervención fue impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) junto a la Justicia Federal.
El operativo comenzó en horas de la mañana y abarcó la totalidad del paseo comercial, ubicado a metros del Skate Park. La presencia de un numeroso contingente de Prefectura permitió supervisar de manera simultánea los distintos puestos, mientras se establecieron restricciones en los accesos, incluso en sectores de playa, para impedir el traslado de mercadería durante las inspecciones.
Según pudo observarse, los agentes revisaron uno por uno los stands que se encontraban en funcionamiento, con el objetivo de verificar el origen de los productos y evitar posibles maniobras de ocultamiento ante la llegada de los controles oficiales.
El procedimiento se inscribe dentro de la normativa que protege los derechos de propiedad sobre marcas registradas y apunta a detectar la comercialización de artículos apócrifos o sin autorización.
No obstante, el despliegue volvió a poner en foco la situación del predio: se trata de un espacio formalizado por el Municipio a partir de una ordenanza aprobada en 2021 por el Concejo Deliberante. En ese entonces, se dio paso a la creación de la Unidad Turística Fiscal Paseo de Compras Bristol, con el objetivo de reorganizar la actividad, mejorar las condiciones del lugar y avanzar hacia un esquema de explotación regulado.
La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo local a cargo en ese momento de Guillermo Montenegro, buscó dejar atrás el histórico funcionamiento precario del sector —vigente desde comienzos de los 2000— y sentar las bases para su licitación, bajo criterios de ordenamiento urbano, integración laboral y mejora de servicios tanto para residentes como para turistas.
En ese contexto, el operativo de este miércoles abre interrogantes sobre los controles en un espacio que, más allá de las irregularidades que puedan investigarse, cuenta con un marco normativo municipal vigente.