COMUNICADO DE PRENSAA
A once años del primer grito colectivo de Ni Una Menos, renovamos nuestro compromiso en la lucha contra las violencias por motivos de género y en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.
Este nuevo 3 de junio nos encuentra atravesadas por el dolor y la indignación que provoca el femicidio de Agostina, hecho que nos interpela como comunidad y nos recuerda que la violencia machista sigue cobrándose vidas y vulnerando derechos.
Desde el primer Ni una Menos, hubo más de 3424 femicidios directos y vinculados, Trans/Travesticidios y Lesbicidios, 3840 hijas e hijos se quedaron sin madre y sin la asistencia que conseguimos con la sanción de la “Ley Brisa”. Cuando dicen que el feminismo “se pasó tres pueblos” lo hacen por las cosas que hicimos bien: Antes del 3 de Junio del 2015, era mucho más difícil en nuestro país hacer una denuncia, pedir ayuda y que te crean.
Desde la Comisión de Género de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional – Regional 4 (Mar del Plata – Necochea – Azul – Dolores – Tandil) reafirmamos la necesidad de fortalecer las políticas públicas de prevención, asistencia y protección de las víctimas, así como el acceso efectivo a la justicia con perspectiva de género.
El Presidente no cumple con la Ley Nro. 26485 de “Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres”. Las mujeres, las infancias, las adolescencias y disidencias estamos en peligro. La negación de las violencias de género, el incumplimiento de leyes y tratados internacionales, el desfinanciamiento y la eliminación de programas y políticas públicas para la protección y prevención de las violencias y la falta de acceso a la justicia de las víctimas nos pone en riesgo permanente. Seguimos denunciando el aumento incesante de barreras para acceder a nuestros derechos sexuales y (no) reproductivos a partir del aumento en los faltantes de medicamentos, los recortes en salud sexual, y las mayores y crecientes dificultades para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, la falta de insumos y el retiro del Estado nacional de programas vinculados a esos derechos. Frente a ello volvemos a decir: ¡Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal sin restricciones para no morir! Cada femicidio representa una tragedia irreparable y un llamado urgente a redoblar esfuerzos para erradicar todas las formas de violencia contra mujeres y diversidades.
El contexto actual está profundamente atravesado por una violencia que ha sido instrumentada desde el propio discurso político de la gestión del gobierno actual. Dicha violencia impacta de manera directa en los cuerpos y vivencias de mujeres y disidencias, traduciéndose en exclusión, sufrimiento y muerte. Además, hemos visto cómo la justicia ha desestimado la primera denuncia de desaparición de Agostina y ha demorado su búsqueda porque los recursos estaban destinados a un partido de fútbol. Posteriormente el fiscal a cargo ha nombrado el femicidio como homicidio, y felicitó a los perros que encontraron el cuerpo maniatado, abusado y descartado de la adolescente. Esta actitud cínica es una muestra de la violencia institucional gestada sobre sobre las vidas de millones de mujeres en nuestro país. Lejos de ser un fenómeno aislado, la narrativa oficial no solo valida esta violencia, sino que intenta instalar la «inexistencia del femicidio» alegando que el concepto introduce «desigualdades en el tratamiento del sistema de justicia». En este escenario, nombrar el femicidio constituye un hecho político ineludible, ya que visibiliza un proceso sociohistórico de silenciamiento estructural. Nombrarlo, teorizarlo y reconocer su entidad es, en definitiva, una condición de posibilidad para garantizar justicia. Concebir la violencia hacia las mujeres como un “hecho aislado” forma parte de la estrategia discursiva patriarcal, cuyo fin es negar la entidad de las opresiones que sufren mujeres y disidencias. Intentar silenciarlas mediante proyectos de ley sobre «falsas denuncias» es otra forma de exclusión institucional: desplaza a las víctimas del proceso judicial justo, donde su testimonio es crucial para quebrar una cultura del silencio que, año tras año, se cobra cientos de vidas a nivel global. Cuestionar a las víctimas por su estilo de vida o vestimenta —colocando obstáculos morales en el debido proceso— no es algo nuevo. Implica regresar a la vieja lógica de clasificar quiénes son dignas de acceder a la justicia y quiénes no, bajo el estigma de la «buena víctima». Esta práctica paternalista y coercitiva desalienta a quienes padecen violencias de género a contemplar siquiera la posibilidad de denunciar, perpetuando la impunidad en un sistema judicial que no está a la altura de la problemática. Y esto no es mas que que la manifestación de políticas o actitudes basadas en estereotipos de género, que implican el incumplimiento del deber estatal de abstenerse de realizar cualquier acto de discriminación en contra de las mujeres. Esto también forma parte de un mecanismo muy conocido: la individualización del problema. Se pone el foco en las elecciones individuales para evitar discutir las responsabilidades colectivas e institucionales. Si el problema fue ella, entonces la sociedad no tiene nada que revisar. Si el problema fue ella, entonces el Estado no llegó tarde. Si el problema fue ella, entonces las instituciones quedan eximidas de toda reflexión. Cuando afirmamos que no somos cómplices, lo hacemos desde el lugar que habitamos cotidianamente como trabajadoras judiciales. Sabemos que la justicia no es un espacio neutral ni ajeno a las relaciones de poder que existen en la sociedad. No ser cómplices significa rechazar el silencio. Porque trabajamos todos los días en una institución a la que muchas mujeres llegan después de haber atravesado la violencia y una cultura que todavía, al día de hoy, pretende disciplinar. Conocemos las historias que no llegan a los medios, las denuncias que costaron años de reunir, marcas que dejan las desigualdades. Como trabajadoras organizadas, asumimos el compromiso de seguir construyendo una justicia con perspectiva de género, consciente de que cada práctica institucional, cada intervención y cada decisión judicial puede contribuir a reparar desigualdades o, por el contrario, reproducirlas. Frente al silencio, elegimos el compromiso. Frente a la indiferencia, la organización colectiva. Y frente a quienes pretenden negar estas violencias, elegimos nombrarlas, visibilizarlas y seguir luchando para que ninguna mujer ni diversidad quede sola frente a ellas. En esta fecha emblemática, acompañamos la movilización y las acciones de concientización que se desarrollan en todo el país, convencidas de que la memoria, el compromiso colectivo y la acción sostenida son herramientas indispensables para transformar esta realidad. Porque queremos vivir en una sociedad libre de violencias. Exigimos en todos los fueros la plena vigencia y el cumplimiento de la Ley Micaela, la Ley de Identidad de Género y el Cupo Laboral Travesti-Trans. Reclamamos, a su vez, la efectiva implementación del cupo femenino en cargos jerárquicos y un acompañamiento integral a quienes atraviesan situaciones de violencia machista y patriarcal.
NI UNA MENOS – VIVAS NOS QUEREMOS
Comisión de Género UEJN – REGIONAL 4