NO HAY CONSENSO para bajar la edad de punibilidad
Tal como se expresara desde el Foro por los Derechos de la Niñez de la Provincia de Buenos Aires, NO HAY CONSENSO de las organizaciones académicas, sociales, políticas, sindicales, incluso organismos internacionales como UNICEF, para avanzar con el Anteproyecto de Ley de Responsabilidad Penal Juvenil que proponen desde el gobierno nacional, ya que resulta regresivo en materia de derechos de los NNyA en nuestro país
Repudiamos nuevamente los embates del Dr. Germán Garavano, Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, presentando un “Anteproyecto de Ley de Responsabilidad Penal Juvenil” y rechazamos el mismo, por no dar cuenta de los aportes que las organizaciones sociales, profesionales, académicas, especialistas y referentes políticos de la esfera pública vinculados a la niñez expresamos en las reuniones convocadas por el Ministro, por no retomar los consensos surgidos para sentar las bases y/o lineamientos en la construcción de un sistema penal juvenil federal, y fundamentalmente por avanzar en legalizar la baja de edad de punibilidad
Preocupa que no haya ruptura sino continuidad con el Decreto-Ley 22278 impuesto por la última dictadura militar en nuestro país, presentándose un grave retroceso en materia de derechos humanos.
No garantiza el “principio de especialidad”, no establece una justicia con competencia exclusiva, aunque mencione que debieran contar “con capacitación especializada en el trato con adolescentes y conocimientos de los contenidos de la Convención sobre los Derechos del Niño y la presente ley”.
En materia de garantías procesales, remite básicamente a las mismas que las de adultos, sin figurar otras, más que el derecho a ser oído, establecido en la Convención de Derechos del Niñx.
No prevé penas especializadas para las personas menores de edad y prioriza el encierro responsabilizando al niñx y/o adolescente del fracaso de las medidas socio-educativas y/o disciplinarias, habilitando nuevamente criterios arbitrarios y/o discrecionales por parte de los magistrados.
Permite el ingreso de las fuerzas de seguridad en los centros de detención sea por hechos atribuidos a jóvenes en casos denominados “motín” o ante otras situaciones de grave riesgo para los adolescentes o para el personal que allí se desempeña, así como también plantea la creación de un registro de antecedentes sobre los procesos seguidos a adolescentes, más allá de enunciar el carácter confidencial no podemos desconocer el aumento en la violación a las garantías a través de la persecución policial y el gatillo fácil.
En el caso de las medidas previstas para lxs niñxs no punibles, más allá de establecer la derivación a organismos de promoción y protección de derechos y/ o equipos de salud, agrega instancias de mediación y acuerdos restaurativos manteniendo la intervención de los jueces y fiscales, mientras duren las medidas Rechazamos la intervención penal, debiendo ser abordado EXCLUSIVAMENTE por el sistema de promoción y protección de derechos.
El límite de la edad de punibilidad es una definición de política estatal., la cual contiene por un lado la exclusión del sistema penal de todxs aquellxs jóvenes menores de 16 años y, por otra parte, la obligación del Estado de garantizar para ellxs el ejercicio efectivo de sus derechos.
Por ello, como ya sentenciamos en el documento del lanzamiento de este Espacio, ésta nueva intención de bajar la edad de punibilidad no es coyuntural ni azarosa, sino que es parte de de la decisión del gobierno de construir un “otro enemigo” (el joven morocho y pobre de los barrios populares) para el cual solo existe la cara represiva y criminalizadora del Estado. Así, a tono con la política del negacionismo y desconocimiento del genocidio que sufrió nuestro país en la última dictadura cívico militar que evidencia plantear que “no fueron 30.000”, que fue una “Guerra sucia”, o el retomar la teoría de los “dos demonios”, la Baja en la edad de Punibilidad pretende construir ese “Otro” enemigo, diferente y peligroso, y asociar así a la niñez y la juventud con la inseguridad y el delito, estigmatizando de este modo a una porción de la sociedad y habilitando la descarga sobre ellxs de toda la violencia y desprecio institucional.
Mas de una década de sancionadas las leyes de promoción y protección de derechos de la niñez y la adolescencia, solo se ha fortalecido la cadena punitiva, y ha aumentado la ausencia del Estado en la implementación y el sostenimiento de políticas de Protección y Promoción de Derechos.
Bajar la edad de Punibilidad es inconstitucional, regresivo, no sirve y confunde
Creemos que si la política del Estado se limita a considerar que todxs lxs jóvenes son “pibes chorros”, no hace mas que transformarlxs en chivos expiatorixs de las deudas que tenemos como sociedad y solo sirve para esquivar los debates reales.
Un país que tiene como único proyecto para la niñez la cárcel, es un país sin futuro y no tenerlo es, en sentido estricto, ser un país sin futuro.
Invitamos a cada uno y cada una a pensar estrategias para que no prospere ningún intento de bajar la edad de punibilidad, y para proyectar qué políticas públicas hacia la niñez y juventud entendemos necesarias para avanzar en unidad hacia una sociedad justa, democrática y participativa.