La mayoría de los sindicatos del área resolvieron acompañar la huelga general que prepara el sindicalismo opositor para presionar a la Casa Rosada. La medida de fuerza se concretaría en los últimos días de agosto.
Hugo Moyano cortó este miércoles una comunicación con Sofía, que en este caso es la capital de Bulgaria, y dibujó una sonrisa de satisfacción. Su hijo Pablo acababa de confirmarle que la mayoría de los gremios del transporte dieron su conformidad para llevar adelante un segundo paro general contra la administración de Cristina Kirchner. La medida de fuerza, según se difundió, se realizaría sobre los últimos días del mes.
Los gremios argentinos del transporte participan esta semana en tierras búlgaras del congreso mundial de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF), que congregó la presencia de unos dos mil dirigentes del sector a nivel internacional.
Aprovechando el marco que les proporcionó el encuentro, los sindicalistas hicieron anoche un tiempito de rancho aparte para votar qué postura adoptaría cada organización de cara al paro aprobado ya hace más de dos meses por la CGT opositora. La huelga fue respaldada por una amplísima mayoría.
En cualquier caso, para no romper a la distancia el clima de confraternidad con los dirigentes kirchneristas, toda la delegación argentina estuvo de acuerdo en pedir al Congreso del Transporte una moción de apoyo al gobierno de la doctora Kirchner en su lucha con los llamados fondos buitres.
También se acordó reclamar desde ese foro que ningún gobierno del mundo considere al transporte como un servicio esencial, de tal modo que el derecho de huelga sufra algún tipo de regulación por ese lado. Vale aclarar que esta iniciativa en particular es motorizada principalmente por Australia, Francia e Inglaterra, entre otras naciones.
Hoy los sindicatos del transporte mundial se ven jaqueados por los gobiernos que buscan reducir los efectos de las medidas de fuerza, planteando como ya ocurrió en repetidas ocasiones que los transportes sean caracterizados como «esenciales», obligando a esos sectores a realizar guardias mínimas de emergencia como si fuera un servicio asistencial como de salud, un suministro de agua o de gas.
«Fecha definitiva no hay porque requiere un consenso mayor, pero quedó claro que se hace en agosto», dijo a Infobae uno de los dirigentes que asistió a las deliberaciones en Sofía. Hubo un sinfín de contactos, pero la resolución final se tomó anoche a última hora en un hotel del centro de la ciudad, donde participaron el número dos de Camioneros, Pablo Moyano, el ferroviario Omar Maturano (conductores de locomotoras), Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento) y Juan Pablo Brey (aeronavegantes).
Los gremialistas dejaron traslucir su bronca con el Gobierno por el «mal manejo» que está haciendo con el denominado impuesto al trabajo. «Nadie habla de no pagar, pero no los actuales disparates que impone Ganancias. Los trabajadores no son burgueses o empresarios; hay una distorsión enorme y el malestar de las bases es concreto», dijeron a este medio.
Además de aquellos cuatro secretarios generales, participaron también Rubén Fernández (UPSA), Roberto Coria (guincheros), Julio Insfrán (centro de patrones fluviales), Edgardo Llano (APA), y los más oficialistas Sergio Sasia (Unión Ferroviaria) y Omar Suárez (SOMU), entre otros. Hubo conferencias sobre la realidad mundial que sufren los trabajadores en las distintas secciones como la ferroviaria, aviación civil, marítimos, portuarios, logística, pesca, carreteras, navegación interior, transporte urbano y servicios turísticos.