Los Defensores del Pueblo de General Pueyrredón, Luis Salomón, Fernando Rizzi y Daniel
Barragán manifestamos nuestra profunda preocupación ante la solicitud de aumento de la tarifa
del servicio urbano de pasajeros de $ 13,55 a $ 20,88. Ya es muy difícil, en el marco de la
situación económica que vivimos, pagar el precio actual. Un aumento del 54 por ciento es un
golpe durísimo para los bolsillos de los habitantes de Mar del Plata y Batán, cuyos ingresos han
crecido durante 2018 en un porcentaje mucho menor y que además deben hacer frente al
enorme incremento de gas, luz, agua y Tasas de servicios urbanos. Un empleado de comercio
con cuatro viajes diarios deberá gastar en transporte $ 2000, sólo para ir a trabajar.
El 3 de Diciembre manifestamos que si se confirmaba el recorte de subsidios a la tarifa y el gas
oil el boleto superaría los veinte pesos y que era necesario enfrentar el problema porque sería
impagable.
Hoy los transportistas reclaman incremento de costos operativos y compensación por la
reducción de los subsidios. Comprendemos los mayores costos generados por la inflación y la
devaluación, pero no se puede trasladar al pasajero la inflación, la devaluación y la reducción de
los subsidios. Es demasiado.
No es justo que el usuario pague todos los ajustes.
Dijimos que era necesario gestionar ante provincia y nación la recuperación de los subsidios.
Mientras en el conurbano las líneas interdistritales mantienen el subsidio pleno, Mar del Plata y
Batán son castigados con una disminución real del 47%.
Los empresarios locales quieren mantener sus ingresos y los gobiernos nacional y provincial
disminuir sus aportes. Se pretende que todo lo paguen los marplatenses y batanenses de a pie.
Decimos que el ejecutivo municipal tendría que haber concretado gestiones para recuperar el
subsidio. Dijimos que el gobierno nacional creó un fondo fiduciario de $ 6500 millones para
compensación de la quita. Pasaron dos meses y no ha habido decisión política para llevar la
gestión adelante. Se debe dar una solución y debe ser ahora. La capital de la desocupación no
puede permitir que sus habitantes deban pagar $20,88 el boleto de transporte urbano de
pasajeros. Depende del Ejecutivo Municipal.