Presentaron una demanda para anular la Declaración de Impacto Ambiental. Denuncian daño ambiental irreversible y pidieron una cautelar urgente para detener las obras.
La iniciativa prevé la construcción de 40.000 metros cuadrados de viviendas sobre la línea de médanos y sectores arbolados.
Vecinos autoconvocados, la Asamblea Playas del Sur y la organización Surfrider Argentina presentaron una demanda judicial contra la Municipalidad de General Pueyrredon para anular la Declaración de Impacto Ambiental que habilita el megaproyecto inmobiliario “La Reserva Explanada”, en el barrio Alfar, donde ya comenzaron tareas de movimiento de suelo y tala.
La iniciativa prevé la construcción de 40.000 metros cuadrados de viviendas sobre la línea de médanos y sectores arbolados. La presentación fue realizada con el patrocinio de la abogada María Soledad Arenaza, en representación de Mirada Ciudadana y Surfrider Foundation, junto al coordinador del Observatorio Ciudadano Paseo Costanero Sur, Kanki Alonso.
Los demandantes sostienen que el avance de las obras genera daño ambiental irreversible y cuestionan la falta de intervención de organismos provinciales de control. En ese marco, solicitaron una medida cautelar urgente para suspender el desarrollo hasta tanto se evalúe la legalidad de los permisos otorgados.
Para detallar el reclamo, Arenaza y Alonso brindaron una conferencia de prensa en el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, donde expusieron los fundamentos técnicos y jurídicos de la presentación. Durante el encuentro, Alonso advirtió: “Peligran todas las playas del sur de Mar del Plata por un proyecto inmobiliario que virtualmente sería la punta de lanza para empezar a construir barrios privados en la primer línea de médanos”. En ese sentido, señaló que si el emprendimiento no es frenado por la Justicia: “Corre peligro el carácter natural de las playas”.
Asimismo, alertó sobre el impacto ambiental al indicar que el proyecto: “Prevé la tala de 750 árboles que fueron plantados por el Ministerio de Agricultura de la provincia en 1940, cuando se construyó la Ruta 11”.
El referente remarcó que se encuentran “en una situación de alerta y de urgencia, esperando que el Poder Judicial ejerza la tutela de bienes jurídicamente protegidos como es el ambiente”, y advirtió que el desarrollo “privatiza un bien de dominio público como son las playas y el derecho de acceso y disfrute”.
Sobre las características del emprendimiento, detalló que: “Proyecta construir ocho edificios de más de 14 metros de altura, con sótanos de 6 metros de profundidad”, lo que, según indicó, “impactan visualmente” y generarán problemas por “la producción de aguas cloacales en un sector que no tiene red”.
Por su parte, Arenaza confirmó que se trata de “una acción presentada en la justicia contencioso administrativa” y precisó que en la causa “está interviniendo el juez Simón Isach”.
En relación con la magnitud del proyecto, sostuvo: “Este sería el primer proyecto en este tipo de uso, de vivienda, y en esta escala”. Y agregó: “No hay que perder de vista, estamos hablando de 40.000 m2 de construcción sobre la arena en la historia de la urbanización de General Pueyrredón”, al tiempo que concluyó que “este es el impacto real de lo que estamos conversando”.