El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial Mar del Plata, desea hacer público su rechazo a toda actitud antidemocrática y totalitaria que se expresa por medio de todo tipo de “escraches” publicos, sin importar hacia quien sean dirigidos. Todos los ciudadanos de una Nación tenemos el derecho de manifestarnos públicamente, pero que ese derecho constitucional no sea utilizado como herramienta para legitimar el uso ilegal de la fuerza, que es lo que significa un “escrache”, en el que se ataca en turba y se quita la defensa al agredido.
A esto se debe agregar que las expresiones públicas de la Asociación Judicial Bonaerense, sede Mar del Plata, imputando a magistrados de tener conductas “ilegítimas”, “arbitrarias”, etc. realizadas como corresponden por medio de denuncias, deben seguir los carriles normales que marca cualquier institución del Estado. Ante una acusación, también existe la posibilidad de defensa, pero cuando la defensa prevalece con sus argumentos a los argumentos de la acusación, deben aceptarse las decisiones al respecto. Evidentemente, ante la derrota de los argumentos denunciados, no se puede avanzar sobre el linchamiento público, a modo de “justicia popular” contra quien tuvo argumentos sólidos para defenderse. Si permitimos que en el Estado de Derecho se pueda linchar a las personas, habremos perdido la esencia de vivir en sociedad. El “escrache” no conlleva razón.
La AJB Departamental Mar del Plata, ha elegido la vía del expediente administrativo para denunciar cuando cree que hubo alguna irregularidad, cuestión que es saludable para la convivencia, pero esa decisión impone esperar el resultado y no se puede tomar el camino de la descalificación pública y dar por válidas situaciones que no se pudieron probar. Haciendo esto, la AJB de Mar del Plata, que es una organización poderosa de nuestro Departamento Judicial, incurre en algo peor a lo que denuncia.
La defensa de la legalidad democrática y republicana es un compromiso que comparten empleados, funcionarios y magistrados, dentro del Poder Judicial, así como todos los ciudadanos que no lo integran. Las instituciones existen para defender a los más débiles de los excesos de quienes tienen poder político, económico, jerárquico o simbólico. No es lícito denunciar el abuso de poder y ejercerlo al mismo tiempo. Tampoco es coherente integrar como empleados el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires y apelar a la fuerza en turba para ejercer la justicia por mano propia, sobre todo cuando la razón no impera desde el intelecto.
Nunca un “escrache” dignifica al que lo hace, lo convierte en algo peor de lo que denuncia. Dejemos que las pruebas de lo sostenido den fuerza al argumento y no caigamos en vil y descalificante argumento del uso de la fuerza, porque es la razón del que no tiene razón.