La Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado del Centro y Sur de la Provincia de Buenos Aires expresó su rechazo a una resolución adoptada por el juez federal Santiago Inchausti en relación al predio de la ex ESIM, señalado como un ex centro clandestino de detención durante la última dictadura y actualmente vinculado a un proyecto de explotación comercial de la firma Burbarret, responsable de Gin La Restinga.
A través de un comunicado, la entidad sostuvo que la medida judicial fue dictada en el marco de un incidente que tenía como único objetivo realizar una inspección técnica preliminar mediante georradar, herramienta solicitada para detectar posibles alteraciones en el subsuelo, estructuras enterradas o elementos con valor probatorio para las investigaciones por delitos de lesa humanidad.
Según indicaron, el expediente estaba limitado exclusivamente a tareas técnicas orientadas a preservar pruebas vinculadas a la causa principal. Sin embargo, cuestionaron que en ese contexto se haya avanzado sobre la medida cautelar que protegía el predio.
Desde la Asociación remarcaron además que la causa se encuentra actualmente bajo revisión de la Cámara Federal, luego de que apelaran una resolución previa relacionada con los plazos procesales. En ese sentido, señalaron que todas las decisiones vinculadas a la cautelar estaban siendo tratadas por ese tribunal y pusieron en duda la competencia del magistrado para intervenir sobre una cuestión ya revisada en segunda instancia.
Asimismo, informaron que sus abogados presentaron ante la Cámara Federal un pedido de nulidad de la resolución, al considerar que vulnera garantías básicas del debido proceso.
En el tramo más crítico del comunicado, la organización vinculó la decisión judicial con lo que definieron como un “clima de negociados” en Mar del Plata y también apuntó contra dirigentes oficialistas cercanos al intendente Guillermo Montenegro. Cuestionaron particularmente las declaraciones de concejales que hablaron de “la ciudad del sí”, y rechazaron que se pretenda justificar el emprendimiento comercial como una solución para los problemas laborales de la ciudad.
“La instalación de un puesto de venta de gin en un ex centro de detención y muerte no puede presentarse como una respuesta al empleo en Mar del Plata”, sostuvieron desde la entidad.