El sector se declaró en alerta y exigió más acceso al crédito, reducción de costos, obra pública y control estatal para que repunte la actividad. “Hay una caída sostenida de la actividad”, aseguraron.
El Colegio de Arquitectura y Urbanismo de Mar del Plata se declaró en estado de alerta por la crisis que atraviesa la construcción y exigió más acceso al crédito, reducción de costos, obra pública y control estatal para revertir la situación.
En primer lugar, la organización consideró “alarmante la inexistencia de mecanismos de financiamiento hipotecario destinados a la construcción de viviendas nuevas”. Esto impide que “amplios sectores de la población” puedan acceder a casas propias “de manera sostenible”.
A este factor se suma la paralización o “reducción drástica” de los programas públicos de vivienda, que históricamente constituyeron una “herramienta fundamental para atender el déficit habitacional y sostener niveles mínimos de actividad en el sector”.
Esto va en consonancia con la “desaparición de la obra pública”, lo cual profundiza la retracción económica en el sector, según planteó el Colegio de Arquitectos.
“Las inversiones estatales en infraestructura urbana, equipamiento comunitario, saneamiento, educación, salud y vivienda no solo representan mejoras concretas para la calidad de vida de la población, sino que cumplen un rol anticíclico indispensable para sostener el empleo y la actividad productiva”, agregó la organización.
Otro aspecto que genera preocupación es “el incremento extraordinario del costo de la construcción medido en dólares”. El Colegio advirtió que los valores actuales “superan ampliamente los promedios históricos y, en muchos casos, más que duplican los registros tradicionales de las últimas décadas”.
Las consecuencias de este proceso llevan a que la actividad se concentre “progresivamente” en un porcentaje cada vez menor de profesionales, empresas y desarrolladores. Mientras tanto, “una parte significativa” de los arquitectos experimenta “una reducción sostenida de oportunidades laborales”, con impacto en los estudios pequeños y medianos.
Además, el Colegio de Arquitectos se mostró en alerta por la “preocupante relajación de los mecanismos de control y fiscalización de obras”.
“Se observa una progresiva disminución de las capacidades estatales para verificar el cumplimiento de las normativas urbanísticas, constructivas y de seguridad. Esta situación no solo perjudica el ejercicio profesional responsable, sino que también compromete la calidad del hábitat construido y la protección de los ciudadanos”, planteó la entidad.
Por último, cuestionó “la apertura económica indiscriminada”, que comienza a generar “nuevos interrogantes respecto del futuro de la producción nacional vinculada a la construcción”.
Esto se ve reflejado en la aparición de un mercado de sistemas habitacionales industrializados de origen extranjero, particularmente provenientes de China, así como anuncios vinculados a la posible importación y ensamblaje integral de desarrollos urbanos completos.
“Resulta imprescindible que estas transformaciones se desarrollen dentro de un marco que proteja el trabajo argentino, la industria nacional, el conocimiento profesional local y la generación de empleo. El desarrollo del hábitat y de las ciudades no puede ser concebido exclusivamente como una mercancía importable, sino como una construcción colectiva vinculada a la identidad, la cultura, la economía y las capacidades productivas de nuestro territorio”, indicó el Colegio de Arquitectos.
A partir de estas circunstancias, señaló que hay una “caída sostenida de la actividad profesional y de la construcción en general”. Por eso el sector reclamó “políticas que promuevan la inversión, el acceso al crédito, la producción de vivienda, la obra pública estratégica y el fortalecimiento de los organismos de control”.