Javier Alonso respaldó la decisión judicial de frenar por 60 días la aplicación de la nueva norma y sostuvo que, sin recursos, infraestructura y personal, la reforma “es apenas una modificación en los papeles”.
El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, respaldó la decisión de la Justicia bonaerense de suspender preventivamente durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil y salió al cruce del jefe de Gabinete nacional, Diego Santilli, quien había cuestionado a Axel Kicillof por el fallo.
La medida fue dispuesta por Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, a partir de un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en favor de adolescentes privados de su libertad.
La magistrada consideró que no están garantizadas las condiciones materiales e institucionales necesarias para implementar la reforma, que amplía el universo de adolescentes alcanzados por el sistema penal. Entre otros cambios, incorpora a jóvenes de 14 y 15 años y modifica los delitos y escalas penales aplicables.
Tras conocerse la resolución, Santilli apuntó contra el gobernador bonaerense y cuestionó su silencio. Alonso respondió directamente al funcionario nacional y remarcó que se trata de una decisión adoptada por el Poder Judicial.
“¿Por qué le reclama al Ejecutivo una decisión que corresponde al Poder Judicial? ¿No estamos en una República acaso?”, lanzó el ministro bonaerense. Además, cuestionó que la reacción oficial se limite, según expresó, a exhibir indignación en las redes sociales.
Alonso también coincidió con el planteo de la jueza al advertir que “bajar la edad de imputabilidad no alcanza” si no existe una estructura preparada para aplicar la nueva legislación. En ese sentido, reclamó la creación de juzgados y fiscalías especializadas, centros de alojamiento adecuados, infraestructura y personal.
El ministro vinculó esa falta de recursos con los fondos que, según denunció, el Gobierno nacional adeuda a la Provincia. “Sin estructura, recursos e inversión, su reforma es apenas una modificación en los papeles”, sostuvo.
Mientras dure la suspensión, Pascual convocó a una audiencia y ordenó a las autoridades bonaerenses informar qué medidas adoptaron y cuáles prevén implementar para garantizar las condiciones necesarias para la aplicación del nuevo régimen.