También exigieron el cumplimiento de la ley de emergencia. «Es imposible mantenernos. La verdad que estamos a la deriva», expuso Mariana Galván, directora de un centro de día.
Trabajadores del área de discapacidad se concentraron este miércoles en la entrada de la Municipalidad para exigir al Gobierno nacional una actualización en los pagos y el cumplimiento de la ley de emergencia en el sector.
“Los centros de día y hogares están en peligro de cierre. Estamos reclamando por estos chicos que no tienen voz”, expresó Mariana Galván, directora del Centro Marplatense para la Integración del Discapacitado (Cemid).
Galván precisó que hay más de 23 centros de día que cuentan con aranceles desactualizados desde el 2025, por lo que no reciben los pagos correspondientes.
“Es imposible mantenernos. La verdad que estamos a la deriva“, expuso Galván, quien aseguró que hay miles de personas con discapacidad afectadas por la problemática a nivel local.
A su vez, adelantó que el viernes realizarán una conferencia de prensa en el centro de psicólogos para definir las próximas acciones, las cuales dependerán de las decisiones que se tomen a nivel nacional ante una posible reforma de la ley de discapacidad.
En caso de que la problemática siga, no descartan que los centros de día cierren definitivamente. En este sentido, la profesional reveló que algunas sedes tampoco contemplan recortar la jornada porque “les descuentan el día” y prefieren continuar con donaciones para seguir trabajando.
“La angustia es de todos. Muchos padres son mayores y no pueden venir a reclamar o también están en un momento con la jubilación. Es un círculo vicioso”, finalizó Galván.
Los transportistas de personas con discapacidad se sumaron a los reclamos. “Estamos teniendo un atraso tremendo con las autorizaciones. Hay colegas que todavía no han cobrado el año 2025“, detalló el presidente de la Asociación de Transportistas de Personas con Discapacidad (Atpcd), Juan Goldar. “Es una situación muy difícil”, agregó.
Según detalló, los aranceles actuales son insuficientes para cubrir los costos operativos del servicio que brindan, una situación que no solo afecta a los trabajadores sino también a los asistidos.
“Detrás de cada vehículo que no puede salir a hay 10 ó 15 chicos con discapacidad que no pueden ser trasladados a su centro de día, a sus terapias y a lugares donde tienen una mejor calidad de vida“, indicó.
Goldar estimó que hay alrededor de 200 transportistas afectados por la problemática. “Estamos hablando de una gran cantidad de personas que van a sufrir de este inconveniente”, resaltó.
Por otro lado, el presidente de los transportistas hizo hincapié en el impacto que genera la suba del combustible en su trabajo diario. “Nosotros lo sentimos de una forma directa. Tenemos estos aumentos más los atrasos, la falta de autorizaciones y todo. Verdaderamente ya es muy complicado”, explicó.
“Hay colegas que están usando dinero de su jubilación para poder salir a trabajar“, comentó.
Respecto a una posible instancia de diálogo, Goldar afirmó que ya enviaron una carta al municipio “para que puedan tomar conocimiento de esta situación y ver de qué manera se puede resolver”.