El Juzgado Federal 3 de Córdoba hizo lugar a una acción de amparo colectiva contra el programa Incluir Salud y PAMI, y ordenó regularizar la cadena de pagos vinculada con prestaciones básicas de salud para personas con discapacidad. La resolución impacta sobre un sector que ya venía con fuertes reclamos por la continuidad de la atención y reclamos constantes por parte de los prestadores de salud.
La sentencia dispone que ambas entidades regularicen y mantengan al día los pagos destinados a prestaciones básicas de salud para personas con discapacidad que son titulares de pensiones no contributivas. El amparo fue promovido por la abogada Marta Lastra, referente de Defendamos Córdoba en temas de discapacidad.
El fallo fue dictado por el juez Miguel Vaca Narvaja, quien cuestionó la demora en la cancelación de servicios ya prestados. Según la resolución, el Estado no puede invocar razones de control o de ordenamiento presupuestario para dejar sin cumplimiento obligaciones vinculadas con derechos fundamentales.
El magistrado consideró que la demora injustificada configura un acto arbitrario e ilegal frente a un colectivo especialmente vulnerable. En esa línea, ordenó al Ministerio de Salud cumplir de manera inmediata con la legislación vigente y cesar con las demoras que afectan la atención de personas con discapacidad.
La decisión tiene alcance colectivo. Esto significa que no se limita a un caso individual, sino que protege a beneficiarios que se encuentren en la misma situación, además de resguardar la continuidad de hogares, centros de día, instituciones y profesionales que brindan asistencia.
El conflicto por la cadena de pagos
De acuerdo con el fallo, la asistencia integral a la discapacidad constituye una política pública del país y los derechos vinculados al acceso a prestaciones de salud no pueden quedar solo en declaraciones formales. Para el juzgado, el goce efectivo de esos servicios es parte de la protección de la dignidad de las personas.
La resolución judicial se conoce en medio de reclamos reiterados por demoras, recortes y dificultades en el sistema de prestaciones. En Mar del Plata, prestadores y familias también habían cuestionado la falta de respuestas frente a pacientes que no recibían insumos, medicamentos o tratamientos esenciales, en un escenario atravesado por denuncias contra la Agencia Nacional de Discapacidad y su impacto sobre personas con discapacidad y profesionales del sector.
El juez constató demoras de hasta cinco meses en la cancelación de servicios ya brindados por instituciones. Esas irregularidades, según la presentación, afectaron la sustentabilidad de los prestadores y pusieron en riesgo la continuidad de la atención.
La causa también se vincula con el incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad. El fallo señala que las demoras arrastradas desde finales de 2025 generaron un conflicto grave en la cadena de pagos estatales y exigió una respuesta concreta del Estado nacional.
Desde PAMI señalaron que no existe deuda y afirmaron que el viernes se abonó el mes corriente. De todos modos, la resolución judicial ordena regularizar el circuito de pagos y mantenerlo al día para evitar nuevas interrupciones.
Con esta sentencia, la Justicia Federal de Córdoba ordena al Estado garantizar la continuidad de las prestaciones básicas de salud. El eje del fallo es que los controles administrativos o presupuestarios no pueden traducirse en la interrupción de servicios esenciales para personas con discapacidad.