ABSUELTOS POR FALTA DE PRUEBAS

ABSUELTOS POR FALTA DE PRUEBAS

Se reunió el Tribunal en lo Criminal nº 2, integrado por los Jueces Néstor Jesús Conti, Roberto Falcone y Alexis Leonel Simaz, para leer la sentencia del juicio oral y público celebrado los días 5, 6 y 7 del corriente mes en la causa caratulada “ARIAS, Edgardo Héctor, CAÑARDO, Juan Ignacio y DE CUNTO, Claudio Esteban Gaspar s/ Comercio de estupefacientes doblemente agravado por la utilización de menores de edad y la intervención de tres o más personas de manera organizada”.

La lectura comenzó por la disparidad de criterios entre las pruebas y pedido de la Fiscal, Dra Ledesma, quien daba por probados los hechos y los defensores de los imputados, Dra. Peña por Cañardo y De Cunto; Dr. Méndez por Arias, quienes habían solicitado la absolución de los acusados por sostener que el hecho ilícito investigado y traído a juicio no había podido ser debida y legalmente acreditado.

En cuanto a los hechos sostenidos por la fiscal, entre los días 11 de mayo y 7 de agosto del año 2015 Edgardo Arias y Juan Ignacio Cañardo, utilizando el inmueble de Garay Nº 2209 1° Piso “D”, propiedad de Claudio Gaspar De Cunto y su hermano, ya fallecido, comercializaban estupefacientes en pequeñas dosis, actuando de forma organizada y sirviéndose de menores de edad, para lo que aportó observaciones y filmaciones realizadas en el hall de ingreso al edificio y la confirmación del registro domiciliario, donde estaban presentes los imputados junto a compradores de estupefacientes, donde se secuestrara 1,1 gramo de cocaína, diversas sustancias de corte, tijeras y envoltorios. A lo que los defensores sostuvieron que la pequeña cantidad de estupefacientes secuestrada demostraba que no se ejercía tal comercio.

Se pudo determinar que durante la investigación, un móvil policial se detuviera en el domicilio investigado y un oficial bajase, entrase al lugar y luego se retirase del mismo sin que se haya podido constatar que de allí hubiese existido un llamado requiriendo a la autoridad policial ni que esa “visita” haya sido documentada de alguna forma, también llamó la atención de los investigadores que la noche del procedimiento el mismo móvil policial pasase por la puerta del domicilio que estaba por ser allanado y tocase un sirenazo sin detener la marcha, a modo de “saludo”, y que fuese el mismo móvil el que se paró detrás de ellos mientras esperaban el momento oportuno para allanar y que, luego de identificarse como funcionarios policiales y pedirles que se retiraran del lugar, a los pocos minutos volviese acompañado de varios móviles más y los encerrasen y -arma en manos- los hiciesen bajar para identificarlos y palparlos, todo mientras comenzaba el allanamiento, frustrando claramente la posibilidad de realizar el denominado “corte” que hubiese podido permitir acreditar la posible actividad comercial ilegal que se estaba investigando. Destacaron los jueces que les resultó llamativo que no exista en la causa ninguna constancia de identificación de esos efectivos policiales que frustraron la investigación.

A esto se debe sumar que los dos funcionarios judiciales y un subcomisario, supuestamente de la DDI departamental, sean interrumpidos durante un procedimiento policial con un claro y abusivo ejercicio ilegal de la autoridad y no hagan nada al respecto. Ni siquiera fueran convocados al debate del juicio. Al no haberse practicado más secuestro de droga que el que había en la morada, sin incautar dinero pero si el secuestro de varios elementos que denotan consumo de estupefacientes y no comercialización y la incautación de tres teléfonos celulares, los que nunca pudo determinarse a quien pertenecían, son todos datos se acercan más al descargo brindado por las defensas, en cuanto a que en el lugar investigado se consumía drogas pero que no se vendía. Si bien todo haría presumir que además de ser un lugar de consumo también se venderían estupefacientes allí, no ha podido acreditarse con el grado de certeza que exige un veredicto condenatorio.

Ante la falta de pruebas, los jueces del TOC 2 se expidieron por unanimidad en el veredicto absolutorio para con los acusados Edgardo Arias, Juan Ignacio Cañardo y Claudio Esteban Gaspar De Cunto, con relación al suceso punible que les fuera atribuido.