Caso Cerimedo: la Fiscalía analiza su celular y notebook y pedirá prisión preventiva
Es en la causa por tentativa de femicidio contra Nadia Beller. Mientras, avanza una segunda investigación por presunto enriquecimiento ilícito y se evalúa pedir prisión preventiva.
El hecho investigado ocurrió en inmediaciones de un hotel, donde Beller fue atacada por dos sicarios que efectuaron tres disparos, provocándole heridas que no afectaron órganos vitales.
La Fiscalía General de Bolivia avanzará hoy con la apertura y análisis de los dispositivos electrónicos secuestrados a Fernando Cerimedo, en el marco de la investigación por la presunta tentativa de femicidio de su pareja, Nadia Beller, ocurrida en Santa Cruz de la Sierra. La medida se inscribe en la etapa pericial del proceso penal.
La diligencia incluye el estudio del teléfono celular y la computadora portátil del consultor político, incautados al momento de su aprehensión en el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra. Los peritos buscarán reconstruir comunicaciones, registros y posibles elementos vinculados a la planificación del ataque.
La fiscal del caso, Yolanda Aguilera, tiene previsto presentar la acusación formal antes del vencimiento del plazo procesal de la jornada y solicitar la conversión de la aprehensión en prisión preventiva, en función de los elementos reunidos hasta el momento en el expediente.
El hecho investigado ocurrió en inmediaciones de un hotel, donde Beller fue atacada por dos sicarios que efectuaron tres disparos, provocándole heridas que no afectaron órganos vitales. La víctima señaló a Cerimedo como presunto instigador del ataque, lo que derivó en su imputación y en las medidas de coerción adoptadas.
En paralelo, tras allanamientos en el domicilio del imputado en La Paz -donde se secuestraron dinero, documentación, un teléfono satelital y credenciales oficiales-, el fiscal Carlos Torres informó la apertura de una segunda causa por presunto enriquecimiento ilícito, que se tramita de manera conexa.
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, solicitó a las autoridades judiciales el esclarecimiento integral de los hechos y el avance de una investigación exhaustiva, en línea con los estándares de protección de las víctimas de violencia de género y de persecución de delitos económicos.