La concejala del Frente Para la Victoria, Marina Santoro, presentó proyectos de Resolución y Comunicación para rechazar y repudiar las declaraciones del titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, quien afirmó que el genocidio ocurrido durante la última dictadura cívico militar «no fue un plan sistemático» sino «un caos generado en una guerra». Además, desconoció la cifra de desaparecidos, asegurando: «No es lo mismo 8000 verdades que 22 mil mentiras».
El pasado domingo, durante el debate televisivo que se suscitó en el programa de Luis Novaresio, ‘Debo Decir’ emitido por el canal América, el titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión afirmó: «Lo de plan sistemático es un adjetivo; objetivamente la realidad es otra», refiriéndose a lo ocurrido durante la última dictadura cívico militar, y agregó: «La descentralización de la lucha generó un plan caótico, no un plan sistemático», abonando a la superada teoría de los dos demonios habla en mas de una oportunidad de conceptos como el de “guerra” para referirse al Terrorismo de Estado y de enemigo para referirse a las victimas del mismo.
Además, indicó: «Desde el punto de vista histórico no es lo mismo 8000 verdades que 22 mil mentiras»; que además de estas ofensivas afirmaciones también sentencia que “la descentralización de la lucha generó un plan caótico, no un plan sistemático”, en clara alusión y falta de respeto hacia los desaparecidos y sus familiares.
«Entendemos que el negacionismo es apología del delito. Creemos necesario que el funcionario de explicaciones, por lo que en el proyecto solicitamos que el Ministerio Publico Fiscal con competencia en Delitos Federales tome como prueba ante la presunción de apología del delito, las declaraciones efectuadas por el Titular de Aduanas Juan José Gómez Centurión en el programa “Debo Decir” donde afirma conocer el numero de detenidos-desaparecidos y el “accionar descentralizado” de las Fuerzas Armadas durante la ultima dictadura cívico-militar desde 1976 a 1983», enfatizó la concejala.
Santoro subrayó que el funcionario en cuestión fue miembro del Ejercito Argentino desde el año 1976 donde revistió hasta el grado de mayor y “ex carapintada”, y de Monte Caseros, en enero de 1988, contra el gobierno constitucional de Raúl Alfonsín. «Esto hace evidente ante las ‘afirmaciones mediáticas’ efectuadas por el funcionario, que fue parte o debe tener información del accionar contra civiles durante la ultima dictadura, siendo de sumo interés que pueda afirmarlas en la justicia», remarcó la edil.