En relación a lo publicado por el diario La Capital del día de la fecha en la sección policiales, donde se mezcla la crónica de un hecho policial con una columna de opinión; el Fiscal Moure expone desde una marcada intencionalidad cuál debería ser la política de Seguridad Social de la ANSES, tergiversando los destinos de la Asignación Universal con el uso que se le da, manifestando que tiene directa relación con hechos delictivos.
En efecto, dice que elevara un informe a la ANSES para que éste controle el uso que le da cada beneficiario a dichos planes, violando así la privacidad que cada ciudadano tiene de gastarlo en lo que considere. De la misma manera sería factible según el fiscal que el Estado controle lo que él mismo gasta con su sueldo.
Es evidente y manifiesta la intención estigmatizar a los sectores más vulnerables de la población como los beneficiarios de estas políticas de seguridad social, como también el caso que cita de los jubilados por invalidez. Intenta situarse por encima de las leyes, incluso de derechos de rango constitucional, pensando que todo ese marco legal no tiene efecto alguno en la asignación de los beneficios y los controles necesarios para evitar fraudes al Estado.
Asociar el uso de dicho dinero a los hechos delictivos como quiere poner en evidencia este Fiscal, es demonizar una política pública permanentemente atacada cuando se discute en qué gasta el Estado. Los argentinos perdemos más por las decisiones económicas del gobierno, las cuentas en el exterior de los funcionarios y la corrupción, que por las políticas sociales.
En definitva, la Asignación Universal es para los chicos, quienes deben estar al cuidado de sus padres. No da lo mismo asignarle la custodia a cualquier adulto como opina Moure. Y en tal caso los resortes del Estado sobre los que hay que trabajar deberán ser seguramente los que no permiten que los pibes y las pibas tengan una infancia con un presente auspicioso y no un futuro dudosamente prometedor. Tal es así que temas como la generación de empleo, el derecho a la vivienda digna, a la salud, la educación, deban ser de agenda central y no en que se gasta un plan.
Por ello, llamamos a la opinón pública a no confundir la labor del poder judicial y de policía del Estado, con su deber constitucional de garantizar la Seguridad Social. Derecho del cual muchos marplatenses necesitan cada vez más en la capital nacional del Desempleo.