La concejal Mariana Cuesta cuestionó duramente al gobierno de Guillermo Montenegro por el nuevo pedido de prórroga del contrato con la empresa 9 de Julio. Sostuvo que el Ejecutivo “sabía que el pliego se vencía” y acusó al intendente de generar una situación “fabricada” para justificar la emergencia.
El bloque de concejales de Unión por la Patria adelantó su rechazo al nuevo pedido de prórroga del contrato de recolección de residuos que el Ejecutivo municipal envió al Concejo Deliberante. El servicio, a cargo de la empresa 9 de Julio desde 2016, tiene vigencia hasta el próximo 12 de enero, luego de la última extensión aprobada a comienzos de 2024.
La concejal Mariana Cuesta fue una de las voces más críticas de la iniciativa impulsada por el intendente Guillermo Montenegro durante la comisión de Legislación del HCD. “Nosotros cuando iniciamos este año el Legislativo decíamos que el Intendente tenía dos desafíos principales: mandar el pliego del transporte y el de la basura. Pliegos que todos sabíamos que se vencían y por tanto era su obligación enviarlos. Sin embargo, estamos llegando a octubre, ese pliego nunca llegó y ahora el jefe comunal construyó una emergencia. Y digo construyó porque cuando alguien sabe que tenía que hacer algo está raro que en octubre crea que ahora hay una emergencia”, sostuvo.
El proyecto del Ejecutivo, aprobado este lunes en la comisión de Legislación del Concejo Deliberante, propone declarar la emergencia en el sistema de recolección de residuos y prorrogar por dos años el contrato con la empresa 9 de Julio. Desde el oficialismo explicaron que la medida responde a un reclamo del Sindicato de Camioneros, que intimó a la empresa a presentar un cronograma de pagos por indemnizaciones al personal afectado al servicio.
Cuesta, sin embargo, puso en duda la legalidad y la justificación del procedimiento. “Ahora nos dicen que hay que prorrogar un pliego vencido a través de esta emergencia. Un sistema nuevo que se le ocurre al intendente, pero que además es el servicio más caro para el municipio: cinco mil millones de pesos por mes”, advirtió.
“Entiendo que ningún marplatense cree que la ciudad está verdaderamente limpia para la fortuna que se paga. Pero además tenemos dudas en relación a que la emergencia no habilita la prórroga de licitaciones, sino que, en todo caso, si hay una emergencia debería ser una contratación directa, y eso lo establece un dictamen de la Asesoría General de Gobierno”, agregó.
La edil cerró su postura señalando que “el procedimiento, además de ser construido, está mal hecho”, en referencia al mecanismo que busca implementar el Ejecutivo local.