Las empresas de transporte que antes del 1º de agosto no se adhieran al nuevo programa de reordenamiento de la actividad y acepten pagar la mejora salarial del 30 por ciento, perderán los permisos de explotación de los servicios vigentes.
La medida, oficializada el lunes a través de la resolución 669/14 publicada en el Boletín Oficial, se produjo en medio de la compleja negociación que las empresas de transporte de pasajeros de larga distancia mantienen con funcionarios del Ejecutivo por la magnitud de la asistencia estatal para financiar el incremento salarial de 20 mil choferes del sector.
En ese marco, y después de que la semana pasada fracasó la posibilidad de un entendimiento entre las partes por el monto de los subsidios para costear la suba salarial (la empresas reclaman 120 millones de pesos mensuales y los funcionarios ofrecieron 85 millones de pesos), el gobierno decidió avanzar con el nuevo programa de reordenamiento de la actividad de manera de forzar el cierre de la paritaria con la UTA y evitar medidas de fuerza durante el receso invernal.
La flamante resolución de la Secretaría de Transporte estableció a partir del 1º de agosto la caducidad de todos los permisos y licencias para operar los servicios de pasajeros de larga distancia y determinó que para poder adherirse al nuevo programa las empresas deberán “cumplir con el acuerdo paritario del sector y/o tener acordado con el Sindicato con personería gremial de la actividad un acuerdo salarial que abarque la totalidad de 2014”, lo que implica hacer frente al aumento del 30 por ciento reclamado por la UTA.
A cambio, el Estado garantizaría a las compañías del sector la posibilidad de refinanciar sus deudas impositivas, obtener subsidios y compensaciones y autorizaciones para ajustar tarifas.
Las firmas que no cumplan con el aumento salarial directamente perderán sus permisos de explotación, aunque deberán continuar prestando los servicios hasta tanto la Secretaría de Transporte reasigne la concesión a otra compañía.
Desde las cámaras de la actividad repudiaron duramente la resolución. “Se pretende condicionar la aplicación de ciertas medidas reclamadas por este sector al acatamiento de un acuerdo salarial que resulta de muy difícil cumplimiento debido a la crisis económica en que se encuentra inmersa esta actividad”, señaló la Celadi (Cámara Empresaria de Larga Distancia) a través de un comunicado. Y reprochó: “aún más grave, la resolución advierte que, quien no suscriba a la misma antes del 1º de agosto, quedará automáticamente fuera de la actividad, obligando a las empresas a elegir entre firmar a ciegas o ser excluidas del sistema”.
Otras fuentes empresarias fueron todavía más críticas y calificaron directamente como “una extorsión” que se condicione la continuidad de los servicios al pago del aumento salarial.
El malestar del sector quedará explicitado hoy en el marco de un encuentro que representantes de las cámaras empresarias mantendrán con funcionarios de la Secretaría de Transporte. Según anticiparon desde las compañías, la intención es reclamar allí detalles acerca de los montos, plazos y mecanismos de los subsidios que el estado garantizará a las empresas si pagan las subas salariales e ingresa al nuevo programa de reordenamiento, publicó Cronista Comercial.