Con la abstención de La Libertad Avanza y el rechazo del peronismo y Acción Marplatense, el interbloque que responde al intendente Guillermo Montenegro aprobó la extensión del contrato con la empresa 9 de Julio y la declaración de emergencia en el servicio. La oposición denunció sobrecostos y cuestionó la limpieza de la ciudad.
En una sesión marcada por acusaciones cruzadas y tensiones políticas, el Concejo Deliberante aprobó este jueves la prórroga del contrato de recolección de residuos en Mar del Plata, a pocos meses de su vencimiento. La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo municipal, consiguió el respaldo del PRO, la UCR y la Coalición Cívica, mientras que el Frente Renovador, Unión por la Patria y Acción Marplatense votaron en contra. La Libertad Avanza, por su parte, optó por abstenerse.
El servicio, que desde 2016 está en manos de la empresa 9 de Julio, tenía vigencia hasta el próximo 12 de enero tras la última extensión aprobada a comienzos de este año. Con la nueva medida, el Ejecutivo declaró la emergencia en el sistema de recolección y habilitó una prolongación por dos años del vínculo contractual.
Desde el oficialismo justificaron la decisión al señalar que el Sindicato de Camioneros intimó a la empresa a presentar un plan de pagos por indemnizaciones al personal del servicio, lo que —sostuvieron— aceleró la necesidad de asegurar la continuidad prestacional.
La oposición, en cambio, cuestionó con dureza la maniobra. «Ahora nos dicen que hay que prorrogar un pliego vencido a través de una emergencia. Es un mecanismo nuevo que se le ocurre al intendente, pero además estamos hablando del servicio más costoso para el municipio, con un gasto de alrededor de cinco mil millones de pesos por mes», advirtieron desde los bloques que rechazaron la propuesta.
Además, plantearon dudas jurídicas sobre la legalidad del procedimiento: “La emergencia no habilita la prórroga de licitaciones; si realmente existiera una situación extraordinaria, correspondería una contratación directa. Así lo establece un dictamen de la Asesoría General de Gobierno”, remarcaron.
Pese a las objeciones, Montenegro consiguió el aval legislativo que buscaba. Con críticas a la calidad del servicio y al manejo administrativo del expediente, la oposición se retiró denunciando falta de transparencia y advirtiendo sobre el impacto económico para los contribuyentes. La empresa 9 de Julio, en tanto, seguirá a cargo de la recolección mientras el municipio mantiene el sistema bajo un esquema excepcional y transitorio.