Desde la entidad que nuclea a los funcionarios sostuvieron que el incremento salarial otorgado no es nuevo, sino un complemento de los que ya fueron concretados en el año.
En medio de la medida de fuerza que la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) lleva a cabo por 48 horas en reclamo de la reapertura de la paritaria y ante un aumento salarial otorgado a los magistrados, desde el Colegio de Magistrados que nuclea a estos últimos salieron a aclarar que el incremento fue “complementario al que fue acordado durante el año en curso”. “Es incorrecta la información que dice que los jueces han comenzado paritarias con el gobierno provincial”, afirmaron.
En ese sentido, los funcionarios del Poder Judicial remarcaron que si bien el aumento se cobrará recién en enero de 2015, no se trata de un nuevo incremento sino de un complemento a lo que ya fue otorgado.
Así, cuestionaron lo expresado por la AJB, que había hecho referencia a que el gobierno había comenzado las paritarias con el sector “privilegiado” del poder judicial. “Eso no se corresponde con la realidad, pues no existen ‘sectores privilegiados’ de ningún tipo, solo existen diferentes niveles jerárquicos, con funciones y responsabilidades diferentes”, apuntaron.
De acuerdo a lo que explicaron desde la entidad, lo que hizo el gobierno provincial fue otorgar “un mínimo incremento para las categorías a las que menos había aumentado, tratando así de ‘compensar’ al menos un poco el desmedro que año a año vienen sufriendo las categorías de magistrados y funcionarios en sus haberes, no sólo en relación a la inflación real que padece la economía en general, sino también con relación al incremento que vienen otorgándoseles a las categorías de menor nivel y responsabilidad dentro de la administración de justicia bonaerense”.
“Nuestra postura sigue y seguirá siendo la equiparación a la justicia nacional, bastión insoslayable en procura del respeto absoluto al principio de igualdad que dice: igual remuneración por igual tarea, nunca la igualdad de todos los estamentos de un mismo poder del estado (situación inadmisible hasta en la actividad privada)”, concluyeron.