Un estudio elaborado por la consultora INVECQ a pedido de cámaras pesqueras advierte que la industria de procesamiento en tierra trabaja a pérdida en todo el país. Piden eliminar retenciones, modificar convenios y desregular sectores clave para evitar más cierres.
La crisis que atraviesa la industria pesquera argentina sumó un nuevo capítulo con la presentación de un informe que revela una situación crítica en las plantas procesadoras de pescado en tierra, tanto en Mar del Plata como en la Patagonia. El estudio fue encargado por cuatro cámaras representativas del sector –la Unión de Intereses Pesqueros Argentinos, la Cámara de Frigoríficos Exportadores de la Pesca, la Asociación Cámara Pesquera Argentina ALFA y la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera y Fresquera– y elaborado por la consultora económica INVECQ.
Se trata del segundo análisis encargado por estas entidades, luego de un primer relevamiento presentado en febrero que abordó la problemática general de la pesca fresquera. En esta oportunidad, el foco estuvo puesto en las plantas que intentan agregar valor a los productos pesqueros mediante el procesamiento en tierra. El resultado, según advierten, es alarmante.
“El escenario es dramático. Todas las plantas que buscan industrializar el pescado están operando con pérdidas, sin importar su ubicación geográfica o la modalidad de contratación de su personal”, sostiene el informe. El relevamiento abarca empresas que emplean trabajadores bajo convenios del Sindicato Obreros de la Industria del Pescado, convenios PYME, acuerdos del Sindicato de la Alimentación e incluso cooperativas de trabajo formales.
Aunque los niveles de quebranto varían según el tipo de establecimiento y estructura operativa, el diagnóstico es uniforme: la actividad no es viable en las condiciones actuales. Entre los principales factores que explican la crisis, el estudio identifica la rigidez de los convenios laborales, distorsiones en los eslabones logísticos –particularmente en la descarga y el transporte– y una alta presión fiscal y regulatoria.
Desde las cámaras pesqueras advirtieron que aún en un contexto de tipo de cambio poco favorable, el sector podría recuperar su competitividad si se impulsaran reformas estructurales. En concreto, reclamaron la eliminación de los derechos de exportación (DEX), una revisión profunda de los convenios colectivos de trabajo y la desregulación de sectores clave como estiba, transporte, aduana, SENASA y pesca.
“La posibilidad de generar valor agregado en tierra, que debería ser una política estratégica, viene retrocediendo año tras año. Cada vez exportamos productos con menor elaboración, y eso implica menor empleo y menos ingresos para el país”, señalaron.
Por último, pidieron que se habiliten canales de diálogo institucionales para evitar nuevos cierres de plantas y proteger los miles de puestos de trabajo directos e indirectos que dependen de la industria. “Todavía estamos a tiempo de salvar una actividad que puede seguir siendo motor de desarrollo en muchas regiones del país”, concluyeron.