En un fallo que marca precedente, la Cámara Federal de Mendoza desestimó la demanda de una mujer contra el Banco Nación al considerar que su dificultad para pagar no se debió a la inflación sino a la pérdida laboral de un codeudor, un riesgo “previsible” y propio del deudor.
La Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza dictó un fallo que podría influir en futuros reclamos de los tomadores de créditos UVA. El tribunal rechazó la demanda de una mujer que había solicitado la readecuación de su préstamo hipotecario argumentando que la inflación había vuelto impagables las cuotas.
Sin embargo, los jueces concluyeron que el motivo principal del incumplimiento no fue la escalada inflacionaria, sino la pérdida del empleo de uno de los codeudores solidarios del crédito, situación que —según el fallo— constituye un riesgo personal y previsible, no atribuible a factores externos o de fuerza mayor.
La sentencia, difundida por el portal jurídico Microjuris.com Argentina, remarca que la dificultad económica derivada de una pérdida de ingresos no habilita la aplicación de la teoría de la imprevisión, ya que no se trata de un hecho extraordinario o imprevisible que altere las condiciones del contrato original.
Otro aspecto central del fallo es que los magistrados consideraron los ingresos totales del grupo familiar a la hora de evaluar la capacidad de pago. Según sus cálculos, incluso tras la pérdida de uno de los empleos, las cuotas representaban alrededor del 27% de los ingresos restantes, un nivel que, a criterio del tribunal, no configuraba una “onerosidad excesiva” que justificara la modificación del contrato.
De esta manera, la Justicia marcó una clara diferencia entre los efectos de una crisis macroeconómica —como la inflación o la devaluación— y los problemas particulares de cada deudor. Para los jueces, los riesgos personales, como la pérdida del empleo, forman parte de las contingencias previsibles que asume quien toma un crédito.
El fallo llega en un contexto en el que las altas tasas de interés dispuestas por el ministro de Economía, Luis Caputo, han paralizado prácticamente el crédito hipotecario y frenado el avance de numerosos desarrollos inmobiliarios. Aun así, la resolución judicial deja en claro que las dificultades individuales no son motivo suficiente para exigir una revisión de los contratos UVA.