Las Universidades Públicas Nacionales nos encontramos con una doble emergencia
presupuestaria, salarial y de funcionamiento operativo, que ponen en riesgo el pleno
funcionamiento del Sistema Universitario Público Nacional.
En virtud de la prórroga del presupuesto 2023, la situación se ha tornado acuciante. Las
universidades tienen para funcionar un presupuesto desactualizado y, de no mediar algún
cambio, prontamente tendrán serias dificultades para continuar funcionando.
En las últimas semanas el gobierno nacional anunció un aumento de las partidas presupuestarias
para gastos de funcionamiento de las universidades nacionales del 70 %. Este aumento no llega
a representar el 6% del presupuesto universitario y sigue dejando a las universidades públicas
nacionales muy por debajo de lo que necesitan para garantizar su funcionamiento operativo.
A esto, se suma la paupérrima propuesta de recomposición salarial realizada por el Ministerio
de Capital Humano que implicó un aumento del 6% (sumado al 10% acordado en noviembre) y
que solo impactó en los salarios de una parte de la docencia universitaria, pero que implicó en
la práctica un enorme deterioro salarial de toda la comunidad docente, producto del rezago
frente a la alta inflación.
Frente a esta situación, algunas universidades han señalado que corre riesgo la continuidad del
dictado de clases en los meses próximos y otras están tomando medidas que implican
restricciones de cursos, cierre de programas destinados a bienestar estudiantil, extensión o no
renovación de contratos docentes.
En simultáneo, el Gobierno Nacional ha avanzado en medidas tendientes al desmantelamiento
del Sistema Científico Público Nacional. Despidos en la Agencia Nacional de Promoción
Científica Tecnológica y en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, medidas
administrativas tendientes a paralizar programas y carreras generando zozobra y penurias en
miles de investigadores.
La situación actual del Sistema Universitario Público Nacional y del Sistema Científico no es
casual. Se inscriben en un plan político económico que inició en diciembre de 2023 el gobierno
de Javier Milei y que tiene como principal objetivo producir una enorme transferencia de
ingresos de los trabajadores asalariados activos, formales e informales y los jubilados hacia las
empresas multinacionales y el capital financiero transnacional.
Este plan se efectiviza mediante la perversa combinación entre licuación de salarios por
inflación, medidas de desindustrialización y el recorte del sector público, generando
condiciones de empobrecimiento e indefensión para vastos sectores de nuestra sociedad.
Las Universidades Públicas Nacionales y el sistema Científico Tecnológico, por su defensa
inherente de lo público y su vocación de desarrollo soberano, se erigen como potenciales
adversarios de este gobierno. De allí, las permanentes alusiones hacia las casas de estudio de
Ciencias Sociales y Humanidades, desvalorizándolas mediante la acusación de ser centros de
adoctrinamiento y señalando su supuesta inutilidad.
De la misma manera, proponen que las Ciencias Exactas deben vincularse exclusivamente al
mercado bajo la idea de utilidad, escindiendo sus investigaciones de la búsqueda del bienestar
del pueblo. La existencia del Sistema Universitario y Científico Tecnológico Nacional constituye
un obstáculo para el proceso de saqueo en curso.
Como miembros de la comunidad universitaria no podemos permanecer en silencio. Tenemos
la convicción y responsabilidad de transmitir nuestro punto de vista a una sociedad que
reconoce y valora nuestra palabra.
Por este motivo, consideramos imprescindible que el Consejo Superior declare la situación de
emergencia salarial y presupuestaria en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Tenemos
que estar movilizados y atentos para defender el Sistema Universitario y de Ciencia y Tecnología
Nacional cumpliendo con el compromiso de dar testimonio en tiempos difíciles y honrando la
promesa que alguna vez formuló María del Carmen Maggi, poniendo nuestra profesión al
servicio del pueblo.