Se trata de una causa impulsada desde 2024 el gobierno de Milei por supuesta “coacción” para concurrir a movilizaciones.
El Juzgado Federal N°1 de Mar del Plata investigará una denuncia presentada hace dos años por el gobierno de Javier Milei contra organizaciones sociales a partir de una serie de reclamos anónimos registrados en una línea telefónica que acusaron “extorciones” o “amenazas” para asistir a marchas o movilizaciones a cambio de mantener beneficios sociales.
A la par del brutal ajuste que incluyó el congelamiento y reducción de programas sociales y hasta el corte total de entrega de comida y alimentos a organizaciones sociales que gestionan comedores populares, el gobierno de Javier Milei empezó su gobierno en diciembre de 2023 con la mira puesta en las estructuras de las agrupaciones y con una fuerte campaña en busca de deslegitimarlas.
Y, en ese marco, una de sus primeras medidas apuntó a buscar desarticular su poder de movilización. Uno de los elementos usados para ello fue el lanzamiento, a los nueve días de haber asumido, de una línea telefónica (134) para recibir denuncias por parte de “aquellos beneficiarios de los planes sociales que estén siendo o que sean amenazados a ir a marchas por algún intermediario, algún dirigente o algún puntero político”, según declaró por el entonces vocero Manuel Adorni.
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A partir del lanzamiento de esa línea telefónica, el gobierno a través del Ministerio de Seguridad empezó a representar denuncias penales ante la Justicia Federal con los llamados allí registrados. Y una porción de esos llamados que presentó el gobierno aseguró que llegaron desde Mar del Plata entre el 21 y el 22 de diciembre.
La denuncia, en concreto, fue presentada por el Ministerio de Seguridad que por entonces conducía Patricia Bullirch el 14 de enero de 2024 y recayó para su investigación en el Juzgado Federal N°4 de la Ciudad de Buenos Aires con un total de 64 llamados registrados a la línea telefónica.
En ese marco, en mayo de 2024 el juez Ariel Lijo remitió 14 de esos reportes a la Justicia Federal de Mar del Plata por una cuestión de jurisdicción ya que en algunos de ellos se mencionaba a organizaciones sociales de CABA.
“La conducta del delito de coacción consiste en hacer uso de amenazas para obligar a otra persona a hacer -ir a la marcha-, no hacer o tolerar algo en contra de a hacer su voluntad. Por ello, se incluye dentro del tipo objetivo cualquier acción en la que por medio de amenazas -pérdida de los beneficios a quienes reciben el ‘Plan Potenciar Trabajo’- se busque imponer a otra persona la realización de una acción u omisión no queridas”, analizó el juez.
Y así entendió que “resulta competente en razón de la materia y el territorio para entender en las presentes actuaciones y profundizar la investigación que se viene delineando”.
En agosto de 2024 en una visita a Mar del Plata, el líder de la Polo Obrero a nivel nacional, Eduardo Belliboni, acusó -en medio del surgimiento de varias causas judiciales- una “persecución como nunca se ha dado contra el movimiento de desocupados y el movimiento piquetero”.