Lo hizo la Defensoría del Pueblo. Dos personas que prestaban servicio en Estación Chapadmalal eran monotributistas. Iniciaron un reclamo y uno de ellos fue “despedido verbalmente”.
Durante años, dos personas trabajaron para la sociedad de fomento Estación Chapadmalal. Realizaron tareas diarias de limpieza y mantenimiento del barrio, en el horario dispuesto por las autoridades. Sin embargo, jamás tuvieron un recibo de sueldo. Los dos eran monotributistas, es decir autónomos contratados por la sociedad de fomento.
En ese contexto, la Defensoría del Pueblo tomó conocimiento de la situación y denunció que estas dos personas eran víctimas de un fraude laboral. Pero la situación no quedó allí: las autoridades “despidieron verbalmente” a uno de los dos involucrados.
“Se ha constatado que se trata de trabajadores, con horarios y tareas, asimilados al que deben prestar los trabajadores municipales, pero con grandes falencias. Por ejemplo: no poseen los beneficios de la seguridad social (aportes, ART, Obra Social, etc.), tampoco gozan de los derechos laborales (vacaciones, licencia por enfermedad, licencias especiales, derechos sindicales, etc.) y finalmente no poseen las pautas mínimas de seguridad requeridas para la tarea que realizan (no son provistos de apropiada ropa de trabajo, ni de equipos de lluvia, ni de botines de seguridad, etc.)”, señalaron las autoridades de la Defensoría, quienes apuntaron que los ingresos “están muy por debajo de lo establecido por ley”. Uno de ellos ni siquiera percibía el salario mínimo vital y móvil.
Cuando tomó conocimiento de la situación, la Defensoría del Pueblo convocó a las partes con el objetivo de llegar a una solución. Así, mantuvieron una reunión en la sede del organismo municipal y otra en la sociedad de fomento.
“Lamentablemente los hechos se han precipitado y en estos días uno de los trabajadores ha sido despedido en forma verbal por las autoridades de la Sociedad de Fomento. Se abrirá así un largo proceso judicial para poder cobrar la indemnización de ley”, señalaron los defensores.
Para el organismo municipal este caso es “un fraude laboral” debido a que “existe una relación de dependencia entre la Sociedad de Fomento y el trabajador despedido, que durante cinco años de antigüedad ha trabajado en forma exclusiva para un mismo empleador”.
A partir de esa situación, la Defensoría del Pueblo resolvió denunciar públicamente lo ocurrido y le reclamó a las dependencias municipales que intervengan. A su vez, le solicitó al Concejo Deliberante que analice la posibilidad de llevar adelante una legislación “al efecto de que estas situaciones de desprotección laboral no se repitan”.