Producto del desfinanciamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad, las autoridades de la Unidad de Gestión Provincial renunciaron a sus cargos.
Hace años que el Estado provincial y nacional no brindan respuestas ni mucho menos soluciones a las casi 250.000 familias que hoy dependen del ex PROFE, a los y las 360 trabajadoras del sector, ni a los proveedores.
Así, con deudas constantes y con un diálogo prácticamente inexistente, los tratamientos, las cirugías y la entrega de medicamentos se ven constantemente interrumpidos.
Exigimos una inmediata solución y restauración del programa Incluir Salud.