La justicia ordenó a la Municipalidad hacer cumplir la ordenanza 23.928 que prohíbe Uber, Cabify y Didi. La medida surge tras la denuncia presentada por la Federación de Taxis, que acusa al gobierno municipal de no aplicar controles. “Estamos esperando qué va a pasar, si el intendente va a cumplir”, dijeron.
El conflicto por las aplicaciones de transporte en Mar del Plata escaló un peldaño más: el Municipio fue finalmente intimado de forma oficial por la Justicia a realizar controles y a hacer cumplir la ordenanza 23.928, sancionada en 2019, que prohíbe el funcionamiento de plataformas como Uber, Cabify y Didi en el distrito.
La notificación fue enviada por el Tribunal de Trabajo, que ordenó al gobierno comunal hacer respetar la normativa vigente. La Federación de Taxis fue la que impulsó la presentación judicial y celebró la decisión, aunque puso la mirada en el intendente Guillermo Montenegro. “Estamos esperando qué va a pasar, si el intendente va a cumplir”, señaló Miguel González, secretario de la entidad.
El dirigente confirmó que ya iniciaron gestiones con la provincia. “Hablamos con el ministro de Transporte para ver si hacemos controles con Provincia y demostrar que, si se quiere, se puede controlar”, afirmó.
Los taxistas, además, comenzaron a recolectar pruebas fotográficas para mostrar cómo operan las aplicaciones en la ciudad y remarcar la falta de fiscalización por parte del Municipio.
La ordenanza 23.928 fue aprobada en 2019 por el Concejo Deliberante y establece de forma explícita la prohibición de transportar pasajeros en vehículos particulares mediante la intermediación de aplicaciones móviles. Sin embargo, en estos años, la norma nunca se aplicó con firmeza y las plataformas continuaron funcionando en Mar del Plata.
Con la intimación en marcha, la Justicia volvió a poner sobre la mesa un tema que divide a la ciudad: ahora será el Municipio el que deba decidir si avanza con los controles o se expone a sanciones económicas por incumplir la ley.