Lo resolvió el Juzgado Contencioso Administrativo N°2 en un fallo de primera instancia. El monto supera ampliamente lo que había ofrecido el gobierno local a los herederos del inmueble, ubicado frente a la Playa Varese.
El Juzgado Contencioso Administrativo N°2 condenó al municipio a pagar $524 millones, más intereses, por la expropiación de la plazoleta Almirante Brown, un pequeño terreno de 182 metros cuadrados ubicado frente a la Playa Varese.
En un fallo de primera instancia, el tribunal –encabezado por el juez Marcelo Fernández– declaró válida la expropiación del inmueble. Sin embargo, ordenó a la comuna a abonar una indemnización muy superior a la ofrecida, al considerar que “no constituía el valor actual y objetivo de la propiedad”.
El lugar está ubicado en Boulevard Marítimo entre Brown y Lavalle. En el lote hay unas palmeras, una placa conmemorativa colocada en 2007, una garita de colectivo y un banco con vista a la costa.
Si bien a lo largo de más de tres décadas la gestión local se hizo cargo de los costos del mantenimiento y la conservación, años atrás se presentó Guillermo Eduardo Newkirk, quien aseguró ser uno de los herederos del bien y solicitó su restitución.
Esto motivó que el gobierno local impulsara en octubre de 2017 la sanción de la ordenanza N° 23.409 para declarar de utilidad pública y sujeta a expropiación las parcelas necesarias para la utilización de la plazoleta en cuestión.
La iniciativa luego se trasladó a la Legislatura bonaerense, que en 2021 sancionó la Ley 15.258. Esta norma habilitó la expropiación del terreno para que pase a manos del municipio, con el cargo de que allí funcione una plaza pública.
Tras este avance, el entonces intendente Guillermo Montenegro ordenó en 2023 que el área de Legal y Técnica materialice la compra de las tierras, para lo cual promovió una demanda ante la Justicia.
“De los propios términos de los escritos constitutivos de la relación procesal, el único punto de disenso entre las partes es el valor económico de la fracción afectada a la expropiación”, apuntó el magistrado en la sentencia a la que accedió este medio.
La comuna ofreció en un principio $16,2 millones, importe basado en una tasación de la Fiscalía de Estado. Sin embargo, los herederos rechazaron de plano esa cifra por considerarla alejada del valor de mercado.
Plantearon que el terreno tiene potencial inmobiliario por su localización frente al mar y reclamaron una indemnización acorde a los precios actuales, con intereses desde la desposesión.
El juez hizo planteos similares. Consideró que la metodología implementada para la tasación “no cumplió con las pautas” fijadas por la Ley General de Expropiaciones y enumeró diversas “incongruencias”, vinculadas sobre todo a los valores del mercado inmobiliario en esa zona costera.
En la misma línea, Fernández indicó que la tasación no reflejó cómo se arribó a la suma de $16,2 millones.
“Dicho informe no explicó con precisión cómo arribó a la tasación del lote (…), utilizando un método distorsionado de comparables arribó a un valor reducido sin justificación válida alguna”, resaltó el magistrado.
A lo largo del proceso judicial, a su vez, hubo tres peritajes independientes. El perito municipal valuó el inmueble en US$215.000; el de la familia heredera, en US$400.000; y el designado de oficio, en US$390.000.
“Debo considerar como justa indemnización el monto establecido por el tercer perito interviniente, es decir, US$390.000, que al dictado de la presente equivale a la suma de $524.550.000”, resolvió Fernández.
De esta manera, el municipio fue condenado a pagar $524.550.000, más los intereses calculados desde la desposesión del inmueble –fijada en diciembre de 1988–, hasta el dictado de la sentencia, con una alícuota del 6 % anual.
Tras el fallo adverso, el municipio apeló y el expediente recayó en la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo, que todavía no se pronunció.