Ante la difusión del fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la fijación de las tarifas de gas, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios expresa su preocupación por la vigencia del “tarifazo” para el conjunto de usuarios no residenciales, lo que abarca a sectores sensibles como las Pymes, las empresas recuperadas y las cooperativas.
El fallo constituye en sí mismo un avance respecto de la situación precedente, ya que declara la nulidad de las resoluciones gubernamentales que fijaban el nuevo esquema tributario y sostiene la tarifa social, determinando que deben abonarse los valores vigentes previos a esas resoluciones. También expresa que todo el esquema tarifario debe discutirse en Audiencias Públicas, lo cual se entiende incluye el valor de producción, que debe ser fijado por el Estado.
No obstante, APYME alerta que en el actual contexto de recesión, caída de la actividad, aumentos de precios e ingreso de importaciones, la vigencia de un cuadro tarifario con aumentos como los que dispuso el Poder Ejecutivo resulta insostenible para miles de unidades productivas, del comercio y los servicios. El límite del 500% con retroactividad del cobro de facturas sigue resultando desproporcionado y confiscatorio. Al no haber una segmentación adecuada hacia el interior del entramado productivo, serán los eslabones más débiles de la cadena los que sufran las peores consecuencias.
APYME resalta el dictamen de la procuradora general de la Nación Gils Carbó, donde se dice que si por una parte “el servicio público domiciliario de gas es un servicio indispensable para la salud y la vida digna”, asimismo “el acceso al servicio básico del gas es indispensable para la continuidad de la actividad económica de los comerciantes, las empresas —en especial, las pequeñas y medianas—, las fábricas recuperadas y las cooperativas, de las cuales depende en gran medida la conservación de las fuentes de trabajo”.
Debemos recordar que este universo de empresas representa más del 90 % de las unidades productivas y genera el 80 % del empleo. Dejar instalada la inseguridad jurídica sobre el valor de las tarifas para este sector equivale a decretar el cierre de miles de empresas, suspensiones y despidos de trabajadores, situación que sin duda agravará la crisis ya existente.
APYME señala que debe tratarse de modo urgente esta situación por las vías legislativa, jurídica y política. Uno de los caminos es crear de modo urgente la figura del ombudsman de las Pymes, como se propuso oportunamente durante el tratamiento de la ley de fomento a las Mipymes, a fin de impulsar un proceso colectivo que ampare al sector.
Este camino debería seguirse también respecto del resto de los aumentos tarifarios, en particular de la electricidad y el agua, que también fueron fijados por el Gobierno de modo unilateral, sin audiencias públicas y con completo descuido por sus devastadores desequilibrios sociales y productivos sobre el conjunto de la población.
Los cuadros tarifarios de servicios públicos responden a políticas de Estado, y como tales deben aplicarse de acuerdo con criterios de equidad, racionalidad y justicia para el conjunto de la población.