En las últimas semanas todo el país fue testigo de la fuerte represión que
padecieron jubilados y pensionados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Más
allá de la marcha convocada para el próximo viernes por la multisectorial de
jubilados en la sede local de PAMI. En nuestra ciudad las personas con
discapacidad están siendo amenazadas por el recorte y el ajuste que pregona la
actual gestión del Gobierno Nacional.
Durante las primeras semanas de septiembre centenares de marplatenses y
batanenses, titulares de pensiones por discapacidad recibieron en sus domicilios
cartas documentos donde se los intimaba a presentarse ante el Centro de
Referencia de Capital Humano, ex Ministerio de Desarrollo Social. El cual y según
las propias autoridades está cerrado por voluntad política. Aún así, los y las
trabajadores que “sobrevivieron” a los despidos masivos siguen manteniendo sus
puertas abiertas y atendiendo al público.
En la carta documento, emitida por la Agencia Nacional de Discapacidad, se
“amenaza” a las personas con discapacidad con una denuncia que ya estaría en
curso ante la justicia por supuestas irregularidades a la hora de su otorgamiento.
Según los testimonios de los y las trabajadores, la auditoría que se dió durante el
jueves y viernes pasado, y que tendrá otra versión la semana que viene, se citaron
alrededor de 300 personas por día. Cabe destacar que la sede local de ANDIS
cuenta con solo tres trabajadores que no tenían información previa de los operativos
que se iban a realizar.
Para el primer operativo de dos días se enviaron de ANDIS pocos agentes,
solo dos médicos y una trabajadora social, lo cual provocó que las personas
estuvieran horas y horas esperando para poder ser atendidas. Los titulares de
ATE Mar del Plata
Septiembre 2024
derecho en su mayoría entendieron que las y los trabajadores estaban haciendo
todo lo que podían pero su capacidad estaba excediendo la cantidad de gente
citada. Para el próximo operativo desde la agencia acordaron enviar más personal,
para poder brindar una mejor atención a las personas citadas.
Aún así, desde este sindicato entendemos que esto no es simplemente una
auditoría, sino que el objetivo final es dar de baja pensiones a las personas que más
lo necesitan. Las personas con discapacidad que se acercaron al Centro de
Referencia evidenciaban discapacidades de todos los tipos. Sus estudios médicos
habían sido previamente revisados por el mismo equipo de trabajadores
profesionales que hoy está “auditando su propio trabajo”. Continuaremos
manifestándonos en contra de estas prácticas y tomando acciones concretas que
visibilicen el accionar del Gobierno, porque entendemos que la voluntad política de
Javier Milei toma a los trabajadores, los jubilados y ahora a las personas con
discapacidad como variable de ajuste para llevar adelante su plan económico
neoliberal y criminal