“La Justicia confirmó los abusos de la Patrulla Municipal contra personas en situación de calle”
Rodrigo Pomares, referente de la Comisión Provincial por la Memoria, brindó una conferencia tras el fallo que obliga a cesar los operativos violentos contra personas en situación de calle. Denunció un accionar sistemático, clandestino y amparado desde el discurso oficial.
Tras la resolución judicial que ordena al gobierno municipal cesar los operativos violentos de la Patrulla Municipal contra personas en situación de calle, Rodrigo Pomares, integrante de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), brindó una conferencia de prensa en las escalinatas del Palacio Municipal en la que advirtió sobre la gravedad de los hechos y cuestionó duramente al intendente Guillermo Montenegro.
“La resolución está dirigida precisamente a destacar violaciones a los derechos humanos graves: hechos de violencia física, psicológica, vulneraciones a la libertad de personas en situación de calle, hechos que veníamos denunciando desde principio de año”, expresó Pomares.
Durante la intervención, recordó el caso de un operativo que se viralizó por redes sociales, en el que un agente de la Patrulla fue registrado agrediendo físicamente a una persona. “Lejos de repudiar esos hechos, el intendente Montenegro los convalidó con declaraciones extremadamente violentas y discriminatorias. Insiste en denominar a estas personas como ‘fisuras’, como ‘delincuentes’, y esto se da en un contexto donde ya se produjo una muerte en la vía pública”, señaló.
El fallo judicial que emitió el juez Juan Tapia respondió a un hábeas corpus colectivo impulsado por la CPM, acompañado por distintas organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). En ese proceso, personas en situación de calle brindaron testimonio sobre operativos encubiertos realizados por agentes municipales, que actuaban de noche, encapuchados y en vehículos sin identificación. Según relató Pomares, estas patrullas “los golpeaban, los humillaban y les robaban incluso la documentación”.
“Pudimos describir y reaccionar ante una virtual patota del municipio”, sostuvo el referente, quien celebró que el magistrado haya reconocido la existencia de estas prácticas como ilegales y ordenado su cese inmediato.
Además, Pomares recordó que junto a la PDH presentaron una denuncia penal contra el intendente y funcionarios del área de seguridad por apología del delito e incumplimiento de los deberes de funcionario público. “Montenegro no solo no detuvo este accionar, sino que lo defendió públicamente. Tenía la obligación legal de denunciar estos hechos”, remarcó.
En ese sentido, advirtió que la continuidad de estos operativos, ahora bajo una resolución judicial que los prohíbe, puede constituir un incumplimiento flagrante de una orden judicial: “Ya no se trata de una opinión. Ahora hay una manda judicial y cualquier reiteración de estos hechos podría tener consecuencias legales directas”.
Pomares concluyó que la violencia institucional contra los sectores más vulnerables “no puede ser política de Estado” y que “la respuesta no puede ser el hostigamiento ni la represión, sino el acompañamiento y la restitución de derechos”.