El juez Santiago Inchausti procesó a 25 personas por asociación ilícita. Las empresas financieras involucradas son Grupo Transcambio, Grupo Jonestur y Eurocity/Intercambio.
Tras una investigación de la Fiscalía Federal N°1, que conduce Laura Mazzaferri, 25 personas fueron procesadas por el delito de asociación ilícita, algunos en calidad de jefes y otros como miembros, de acuerdo a la resolución firmada por el juez federal Santiago Inchausti, en consonancia con lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal. Cinco de ellas están además procesadas por el delito de intermediación financiera, y otras cinco por tenencia o portación de armas. Se dispuso además, el decomiso preventivo de los instrumentos utilizados para cometer los delitos y del producto de los mismos; y se destacó que uno de los objetivos de la asociación ilícita es el lavado de activos.
En la resolución de más de 500 páginas, se brindan los detalles y pruebas para los procesamientos de la organización que contaba con la articulación de casas de cambio con “fachadas legales”, cuevas y “arbolitos”. Diez son personas que estaban dedicadas a la compra y venta de divisas extranjeras por fuera del mercado legal en la vía pública. Seis imputados actuaban a través de cuevas financieras: cuatro en locales de la galería Eves, y un hombre en el fondo de un polirrubro céntrico, cuyo hijo se encargaba del delivery de divisas. Una de las casas de cambio allanadas está situada en el puerto de la ciudad, Eurocity/Intercambio, y de allí quedaron tres personas procesadas. De Jonestur, dos personas, y del Grupo Transcambio, cuatro.
De los 25 procesados, a cuatro se les dictó la prisión preventiva hasta tanto efectivicen las cauciones personales por una suma de un millón de pesos; y sobre los bienes y dinero de todos los imputados se resolvió trabar embargos por entre 5 y 10 millones de pesos.
De acuerdo a la hipótesis fiscal, “se trató, en definitiva, de un mecanismo aceitado y facilitado por el parapeto de simulaciones obtenidas fácilmente por quienes deberían hacer esfuerzos increíbles por alcanzar una situación de vulnerabilidad frente al sistema penal. Pues sí, nos encontramos ante crímenes de los denominados ‘de guante blanco’ donde quienes participan cuentan con todas las ventajas de aquella trama oscura para no ser descubiertos y para lograr la naturalización de situaciones que no hacen otra cosa que generar pobreza e inseguridad”.
Lo resuelto por el juez Inchausti respecto de la finalidad de la asociación ilícita, donde ubicó al delito del lavado de dinero, encuentra asidero en lo dictaminado por el MPF: “Los imputados e imputadas han operado entre sí como una red, encontrándose relacionados/as unos/as con otros/as en forma de eslabones de un mismo mecanismo dirigido a realizar operaciones financieras marginales, en violación al orden económico y financiero, escenario permeable a maniobras de lavado de dinero proveniente de distintos delitos, tales como el narcotráfico, la trata de personas, la evasión impositiva, más allá de la circulación e inyección del producto de la actividad financiera marginal”.
De hecho, en el domicilio particular de uno de los imputados del Grupo Transcambio se encontró prueba que vincula a la firma con uno de los procesados de la causa por narcocriminalidad conocida como “Carbón Blanco”.
A través de la investigación desarrollada, se logró determinar que desde hace más de 20 años existen empresas establecidas en Mar del Plata que, bajo la apariencia de licitud del giro comercial consignado en su objeto social, han perpetrado múltiples maniobras ilícitas vinculadas con el mercado marginal de dinero.
Como se detalló en el pedido de procesamientos, las maniobras ilícitas desarrolladas por las personas imputadas en la causa han sido de toda índole: cambio marginal de divisas, captación de ahorros, descuentos de cheques, y egreso e ingreso de divisas del exterior por fuera del régimen legal, en algunos casos, hacia paraísos fiscales como Andorra.
Y esto, señaló la fiscal, ha tenido lugar bajo distintas modalidades: operando desde la misma empresa con “fachada legal”, operando a través de “cuevas financieras” de la propia empresa y/o de terceras personas; y utilizando “arbolitos”, algunos de los cuales se vinculaban en forma directa con los responsables y empleados de las personas jurídicas señaladas en esta causa y otros que eran dirigidos por otros “arbolitos” de mayor rango.
En este punto, Mazzaferri reparó en que “esta trama subterránea, paradójicamente desplegada a plena luz del día, ha sido posible por la connivencia policial para retirar al Estado del control y así, de la seguridad de los ciudadanos. Llamativamente, parte del desempeño del Estado fue sustituido por ‘seguridad privada’ sin control estatal, desempeñada por los propios arbolitos que cuidaban el dinero negro con armas negras”.
Cabe señalar que más allá de la colaboración desde el inicio de la causa de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), quien realizó peticiones conjuntamente con la Fiscalía y que, además, intervino en los allanamientos llevados a cabo, se requirió también el apoyo de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) para el análisis de la información y de los dispositivos informáticos y celulares secuestrados.
A fines de septiembre, se habían realizado 48 allanamientos en Mar del Plata, y otros 4 en la Ciudad de Buenos Aires, donde se había secuestrado, en total, entre automóviles y domicilios, 6.266.585,25 pesos; 25.380 euros; 309.755 dólares; 35.176 reales; y 112.000 chilenos. Además se habían secuestrado ocho armas, con cargadores y municiones; 27 piezas doradas, entre monedas y barras de oro; gran cantidad de bijouterie de oro (dijes, aros, anillos, cadenas); relojes, y bijouterie en plata.