Una iniciativa xenófoba e inconstitucional.
Por Facundo “apache” Villalba*
En las últimas semanas desde distintos sectores de la alianza Cambiemos, se ha
instalado el debate acerca del cobro de tasas a extranjeros (no residentes) que hagan
uso de los sistemas de salud y educación publica.
El debate, iniciado por el Gobernador de la Provincia de Jujuy, Gerardo Morales,
rápidamente cosechó el apoyo del Jefe de Gabinete de Ministros del Gobierno
Nacional y llegó al Congreso de la mano del legislador radical por la Provincia de
Mendoza, Luis Petri quien presentó un proyecto en el mismo sentido.
Estamos convencidos de que, como trabajadoras y trabajadores de la Salud, no
podemos esquivar este debate. Debemos rechazar de plano la intención oficial de
gravar la salud pública a los extranjeros, por considerarla una medida inconstitucional,
xenófoba y, que además, se sostiene en argumentos falaces, que buscan ocultar el
verdadero propósito del gobierno de cambiemos: modificar la matriz del sistema
público de salud, avanzando en su arancelamiento.
Una argumentación falaz.
Los voceros de la iniciativa esgrimen como principal argumento el costo generado por
las atenciones de extranjeros no residentes, sin embargo, los datos y las
estadísticas oficiales muestran que la incidencia de este sector es mínima.
Según surge del informe de la OIT, Migraciones laborales en la Argentina, del año
2015, “se constata que de los individuos que acudieron a ser atendidos al hospital
público o a los CAPS, solo alrededor de un 4% corresponde a miembros de la
población migrante sudamericana”i
, mientras que del total de los nacidos vivos en
nuestro país durante el 2016 (728.035) tan solo 219 (un 0,03%) eran hijos de madres
con residencia habitual en el extranjero.
En el caso de la provincia de Buenos Aires la situación tampoco parece variar, de unos
800 mil egresos hospitalarios realizados durante 2016, solo 52.300 eran extranjeras,
es decir, un 6,53 por ciento del total,ii cifra que se reduciría aún más si pudiésemos
discriminar entre aquellos que residen en forma permanente en el país y, los que lo
hacen de manera transitoria.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el cuadro es similar, de los egresos
hospitalarios registrados en 2012 -último dato disponible- sobre un total de 180.339
personas, solo 72 tenían residencia habitual en el extranjero, es decir, menos del
0,04%.iii
A la luz de estos datos, resulta difícil sostener la posición oficial, sin perjuicio de ello, la
mentira de Cambiemos va más allá, veamos, el gobernador jujeño Gerardo Morales,
en defensa de su postura afirmó, entre otras cuestiones, que «no estamos dispuestos
a seguir sosteniendo trasplantes”
iv sin embargo la propia normativa del INCUCAI
establece que “podrán inscribirse en lista de espera para trasplante de órganos y/o
tejidos cadavéricos, aquellas personas que posean residencia permanente en
Argentina, formalmente otorgada por la Dirección General de Migraciones, no
encontrándose incluidos en la lista de espera de su país de origen”v
, por ende, en la
República Argentina ninguna persona que no posea su residencia puede acceder a un
trasplante.
A esta altura, ya hemos demostrado que la incidencia de los extranjeros, y
particularmente de aquellos con residencia habitual en el exterior, en el sistema de
Salud Pública de nuestro país es mínima.
Una iniciativa inconstitucional
La Carta Magna de nuestra Nación no deja lugar a dudas acerca de los derechos de
los que gozan los migrantes en nuestro territorio, así, en su artículo 20 expresa, “Los
extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles del
ciudadano; pueden ejercer su industria, comercio y profesión; poseer bienes raíces,
comprarlos y enajenarlos; navegar los ríos y costas; ejercer libremente su culto; testar
y casarse conforme a las leyes. No están obligados a admitir la ciudadanía, ni a
pagar contribuciones forzosas extraordinarias(…)”. En el mismo sentido lo hace la
Ley 25.871vi, que tiene por objetivo “fijar las líneas políticas fundamentales y sentar las
bases estratégicas en materia migratoria” y, en cuyo artículo 6 prevé que “El Estado
en todas sus jurisdicciones, asegurará el acceso igualitario a los inmigrantes y
sus familias en las mismas condiciones de protección, amparo y derechos de
los que gozan los nacionales, en particular lo referido a servicios sociales, bienes
públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social” y, aclara en su
artículo 8: “No podrá negársele o restringírsele en ningún caso, el acceso al
derecho a la salud, la asistencia social o atención sanitaria a todos los extranjeros
que lo requieran, cualquiera sea su situación migratoria(…)”.
Algunas Conclusiones.
Entonces, conforme lo expresado, hemos develado que no solo se carece de datos o
estadísticas oficiales que sustenten la necesidad de gravamentar la atención sanitaria
de los extranjeros y las extranjeras, sino, que es una iniciativa contraria a las leyes
vigentes, la propia constitución e incluso al espíritu de los tratados internacionales en
materia de derechos humanos y migración.
¿que busca el gobierno instalando este debate?
Por un lado, podríamos decir que la instalación del presente debate en la agenda
pública se da en un momento donde todos los indicadores marcan una baja en la
opinión pública. Luego de algo más de dos años de gestión, en los cuales ni el
“segundo Semestre”, ni los “brotes verdes” aparecieron, donde los tarifazos y la
inflación liquidan mes a mes el poder adquisitivo de los trabajadores y las
trabajadoras, debatir cualquier tema que no sea económico siempre es una buena
opción, más aún cuando -como en este caso- se instala un “chivo expiatorio”, que
despierta lo peor del chauvinismo o la xenofobia.
Por otro lado podemos enmarcar este proyecto, sin temor a equivocarnos, en el
contexto de la reforma del sistema de salud pública que impulsa el macrismo, con la
denominada Cobertura Universal de Salud, que instaura en los hechos la
mercantilización y privatización encubierta del sistema, abandonando el concepto de
derecho para pasar al de seguro o cobertura.
En este marco, quienes defendemos y militamos una salud pública, integral e
integradora, no podemos más que oponernos rotundamente a la iniciativa oficial.
*Delegado de la Asociacion Trabajadores del Estado en el HIGA Dr. O. Alende e
Integrante del Movimiento por el derecho a la salud