Detuvieron al sindicalista Omar «Caballo» Suárez por presunta asociación ilícita
EL DESPLAZADO TITULAR DEL SINDICATO DE OBREROS MARÍTIMOS UNIDOS SE PRESENTÓ EN RETIRO Y QUEDÓ DETENIDO. LA INTERVENTORA DEL SOMU DIJO QUE SUÁREZ EXTORSIONABA Y QUE INFLÓ EL PADRÓN PARA SOBREFACTURAR. LA DEFENSA DEL SINDICALISTA PRESENTÓ UN PEDIDO DE EXCARCELACIÓN.
El desplazado titular del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), Omar «Caballo» Suárez, quedó detenido este martes al ser procesado como supuesto jefe de una asociación ilícita formada para coaccionar a empresas martítimas y defraudar por sumas millonarias a los afiliados al gremio que condujo durante 28 años.
En tanto, pasado el mediodía, la defensa del sindicalista presentó un pedido de excarcelación -sobre el que, primero, deberá expedirse el fiscal Gerardo Pollicita y, luego, el juez Rodolfo Canicoba Corral-, mientras que el dirigente permanecía detenido en la Alcaidía de los Tribunales Federales de Comodoro Py, a la espera de ser trasladado al penal de Marcos Paz, según informaron fuentes judiciales.
La decisión de procesar y ordenar la detención de Suárez fue tomada por juez federal Canicoba Corral al ampliar el procesamiento del sindicalista cercano a la ex presidenta Cristina Kirchner, a quien acusó como «jefe u organizador de asociación ilícita, administración fraudulenta y coacción».
Además, embargó sus bienes por 10 millones de pesos y le dictó la prisión preventiva por entender que mantiene influencia en el SOMU y que habría sustraído pruebas tras la intervención ordenada por el juez, según el fallo de 120 carillas al que accedió Télam.
La orden de captura fue cursada este lunes al jefe de la Policía Federal, pero Suárez se presentó por la mañana en los tribunales federales de Comodoro Py 2002 junto a su defensa y allí se lo detuvo, se cumplieron los trámites de rigor y se ordenó su traslado provisorio a la comisaría 23 del barrio porteño de Palermo, dado que allí se encontraba vigente una orden de captura en su contra.
El juez procesó además sin prisión preventiva como miembros de esa asociación ilícita, administración fraudulenta y coacción a otros nueve acusados, entre ellos el ex tesorero del SOMU, Juan Manuel Medina.
«No quedan dudas a esta altura de la investigación que del análisis del vasto caudal probatorio, empero fundamentalmente por los testimonios que dan cuenta de que Enrique Omar Suárez era quien impartía todas las directivas en el gremio, que lo manejaba unilateralmente y a su discreción, más los cargos de máxima jerarquía que ocupaba, de que el nombrado ha comandado la asociación y ejercido efectivamente el poder sobre el resto de los demás miembros del conglomerado, quienes aceptaron su liderazgo», sostuvo el juez en el fallo.
El sindicalista está acusado de montar una «banda» para exigir grandes sumas de dinero a empresas marítimas extranjeras a cambio de no obstaculizar su ingreso a los puertos argentinos y otorgarle el llamado «waiver», un permiso para operar con las mismas normas que los barcos nacionales.
Según documentación en la causa, entre 2010 y 2011 ingresaron a la empresa investigada, San Jorge Martíma, unos cinco millones de dólares «en concepto de capacitación».
Este dinero se pedía con la excusa de capacitar marineros para operar esas embarcaciones, pero para la Justicia era desviado a una fundación del SOMU y desde allí a una empresa vinculada a los acusados, San Jorge Marítima S.A, desde donde «se desviaba el dinero» en perjuicio de los afiliados al gremio.
«Surge de toda esta operatoria relatada que el Sr. Omar Suárez negociaba accediendo a otorgar (atribución que no le corresponde porque es potestad propia del poder público) una excepción reglamentaria (Dec Nº 1010/2004) a la empresa beneficiaria del permiso (waiver) a cambio de importantes sumas de dinero en concepto de capacitación y que se liquidaban como si los trabajadores realmente hubieran prestado servicios», concluyó el fallo.
Y así «el dinero que se pedía para la escuela de capacitación se desviaba a la Fundación Azul que a su vez la volvía a redireccionar a San Jorge Marìtima S.A»
Paralelamente, los «entorpecimientos y puestas en peligro de embarcaciones fueron efectuadas con la finalidad de perjudicar a las empresas navieras para obtener liberalidades en forma ilegal o en su caso lograr con dicho hostigamiento que se retiren del mercado para esa manera posicionar en su lugar al holding de empresas vinculadas a los integrantes de la asociación ilícita», afirmó el juez.
Los acusados fueron procesados también por defraudar a los afiliados al gremio mediante contrataciones con sobreprecios, irregularidades en la administración de los bienes del sindicato y en su obra social.
Suárez ya había sido procesado por Canicoba por el delito de «obstrucción de vías marítimas», por el que irá pronto a juicio oral y ahora amplió ese procesamiento para agregar cargos más graves que prevén hasta diez años de prisión.
Además, el dirigente es investigado en otra causa por supuesto lavado de dinero, luego de una imputación en su contra hecha por el fiscal federal Ramiro González.
Al ordenar apresarlo, Canicoba entendió que el sindicalista «continua ejerciendo su rol como jefe de la asociación ilícita mencionada ejecutando todavía y en las sombras el poder de mando y económico que supo lograr durante los casi 30 años que estuvo al frente del Sindicato mediante medidas extorsivas sobre distintas empresas relacionadas con la actividad naviera».
De hecho, el magistrado dio por probado que, seis días después de la intervención judicial a una empresa vinculada a los acusados, «San Jorge Marítima SA», un empleado retiró 15 cajas con documentación contable que no fue aportada a la Justicia, entre otras maniobras