El secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio cuestionó con dureza el proyecto impulsado por Javier Milei y advirtió que no apunta a generar empleo sino a profundizar un modelo que, según dijo, “sangra al pueblo trabajador”.
El secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio, Guillermo Bianchi, expresó un fuerte rechazo a la reforma laboral que aprobó durante la madrugada el Senado de la Nación y sostuvo que el proyecto del gobierno de Javier Milei implica un retroceso histórico en materia de derechos para los trabajadores. En nota con GAMBINI EN LA RED el dirigente sindical advirtió que, mientras en el Congreso se avanzan recortes, en las calles crece la resistencia social.
Bianchi describió el escenario actual como una ofensiva directa contra el mundo del trabajo. “Se está aplicando la motosierra sobre los derechos de la gente lo cual hace retroceder décadas las conquistas laborales”.
El referente mercantil también puso el foco en los antecedentes del Gobierno en esta materia. “La primera reforma laboral impulsada por Milei, el año pasado, incluyó medidas como la ampliación del período de prueba y la eliminación de intereses y multas para facilitar el blanqueo. Nada de eso generó empleo”, afirmó, y concluyó que el problema no está en las leyes laborales sino en el modelo económico y político que se está aplicando.
Desde esa mirada, Bianchi planteó que la discusión de fondo no es técnica sino ideológica. A su juicio, el oficialismo busca imponer un esquema que no promueve el desarrollo ni la creación de trabajo, sino que apunta a “disciplinar y someter a la clase trabajadora” en beneficio de sectores concentrados de la economía. En ese marco, sostuvo que los sindicatos están dando una “batalla cultural” frente a la agenda de la ultraderecha.
Por último, el dirigente dijo que “las marchas en la calle reflejan el malestar que el actual rumbo económico genera entre los trabajadores pero la tarea no se agota en las calles”. En ese sentido, llamó a organizarse, reclamar y presionar a los legisladores para que no convaliden, por intereses políticos o financieros, un proyecto que —advirtió— pone en riesgo salarios, vacaciones y condiciones de trabajo en la Argentina.