Melisa Centurión y Gustavo Pulti presentaron un proyecto de resolución en el que solicita al presidente Javier Milei a abstenerse a tomar decisiones vinculadas a la venta, concesión, cambio de uso, modificación urbanística, transferencia o cualquier otra forma de disposición sin garantizar información pública, participación ciudadana y consulta a las instituciones académicas, profesionales, sociales, culturales y comunitarias de la ciudad, en atención a las implicancias urbanísticas, ambientales, históricas, laborales y estratégicas involucradas. También solicitaron al Ministerio de Defensa de la Nación la remisión de toda la documentación e información vinculada a los predios correspondientes a la Base Naval Mar del Plata y demás bienes de las FFAA comprendidos en el decreto presidencial.
El DNU dispone la asignación de fondos provenientes tanto de la venta de inmuebles estatales como de procesos de privatización y/o concesiones y dispone que el 10 % de los ingresos generados por la venta, locación, concesión, transferencia o cualquier otra forma de disposición de inmuebles del Estado será destinado al Ministerio de Defensa.
De esta manera, la iniciativa alerta por el posible destino de inmuebles de enorme valor histórico, urbano, ambiental y social para la ciudad como lo son el Complejo Turístico de Chapadmalal, el Instituto Unzué, la Delegación Naval Mar del Plata, el Faro de Mar del Plata, el Hotel Antártida, el Hotel Tierra del Fuego, la Base Aérea Militar y la Base de Artillería Antiaérea 601 (GADA).
El proyecto aclara que «si bien el DNU 314/2026 no dispone una medida concreta alguna sobre la Base Naval de Mar del Plata, resulta evidente que, por tratarse de un inmueble del Estado Nacional afectado al Ministerio de Defensa, el mismo queda alcanzado por el régimen establecido en la norma».
«En el caso de que los predios de la Base Naval Mar del Plata sean sometidos al proceso de venta, concesión, transferencia de uso o cualquier otra modalidad de disposición prevista en el DNU 314/2026, su ubicación estratégica y el significativo valor urbano e inmobiliario del sector le conferirían especial trascendencia dentro del nuevo esquema de financiamiento establecido por el Gobierno Nacional», agrega.
En ese marco, Melisa Centurión advirtió que «cualquier intento de disposición sobre estos espacios debe contemplar el interés colectivo de la comunidad marplatense y no puede resolverse de manera unilateral desde el gobierno nacional».
Centurión afirmó que «la regulación implementada abre así un escenario de incertidumbre respecto del destino futuro de este patrimonio estratégico para la ciudad, al tiempo que interpela a las instituciones locales y a la comunidad marplatense acerca de los posibles usos y finalidades que podrían asignarse a dicho sector urbano».
«Corresponde promover un debate público, abierto y participativo respecto de cualquier eventual transformación de esos predios, considerando alternativas vinculadas a la preservación de su carácter público, su utilización con fines productivos, recreativos, portuarios, náuticos o complementarios, así como la posibilidad de desarrollos urbanísticos de distinta escala», añadió.
Para la edil «resulta necesario esclarecer, mediante información suficiente, fundada y accesible, la relevancia estratégica que el área conserva para las necesidades actuales de la Defensa Nacional en el contexto contemporáneo».
«En cualquier escenario, corresponde evitar que posibles decisiones sobre el futuro de esas tierras queden exclusivamente subordinadas a dinámicas especulativas o a lógicas de mercado ajenas a una adecuada planificación urbana, ambiental, patrimonial e histórica», continuó.
En esa línea, la concejal dijo que «toda decisión sobre el destino de la Base Naval Mar del Plata debe necesariamente contemplar mecanismos previos de información pública, escucha ciudadana y participación efectiva de la comunidad marplatense».
En paralelo, a través de un proyecto de comunicación, los concejales solicitaron al Ministerio de Defensa de la Nación la remisión de toda la documentación e información vinculada a los predios correspondientes a la Base Naval Mar del Plata y demás bienes comprendidos en el decreto presidencial y la convocatoria a una sesión pública especial del Concejo Deliberante para dar tratamiento urgente a esta situación.
Por último, Melisa Centurión planteó: «¿Queremos los marplatenses un espacio público o privatizado en ese lugar?¿Público con fines productivos, recreativos o complementarios?¿Queremos un desarrollo inmobiliario? Es legítimo abrir un debate local para considerar las diversas alternativas que se pueden suscitar, la viabilidad probable en esos predios de una expansión de la actividad portuaria, su posible aprovechamiento complementario con la actividad náutica y recreativa. O despejar dudas y acreditar información sobre la relevancia que actualmente tiene o no para la defensa nacional en del Siglo XXI».
«En ningún caso deja de resultar amenazante la hipótesis de una depredación especulativa si la definición del futuro de esas tierras queda en manos de los operadores de mercado», concluyó.