El gremio de encargados alertó sobre una práctica extendida en varios consorcios: alquilar las porterías que por ley deben estar destinadas al trabajador. Aseguran que se trata de una maniobra ilegal para financiar gastos de limpieza y advierten que iniciarán denuncias en diferentes organismos.
El Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SuteryH) denunció públicamente que en numerosos consorcios de Mar del Plata se está incumpliendo la ley ya que destinan a alquiler la vivienda del trabajador del edificio. Según señalaron, las administraciones y propietarios estarían alquilando las porterías con el fin de financiar gastos de limpieza mediante empresas privadas.
“El tema es que alquilan las porterías para pagar a las empresas de limpieza. El responsable más grande es el consorcio, no solamente el administrador”, sostuvo el secretario general del gremio, Mario Fernández.
El dirigente explicó que “en muchos edificios esta situación se repite, se juntan tres o cuatro propietarios, convencen al resto y alquilan la portería a pesar de que está prohibido por ley”.
Fernández advirtió que esta práctica no solo viola la normativa vigente, sino que además implica riesgos mayores para la seguridad de los consorcios: “Esa vivienda está destinada al trabajador, es un espacio común, no paga impuestos, por lo tanto no puede alquilarse. Para hacerlo deberían rehacer todos los planos y papeles del edificio, algo que no ocurre. Lo saben bien, pero lo hacen igual”.
En ese marco, SuteryH anunció que avanzará con presentaciones ante diferentes organismos de control: “Vamos a tomar recaudos, a hacer las denuncias pertinentes en la AFIP, en la municipalidad y en todos los lugares que corresponda para que esto no pase”, afirmó Fernández.
Finalmente, el gremialista señaló que, además de la ilegalidad, esta maniobra deja al consorcio en una posición de riesgo: “¿Quién se hace cargo ante un robo o una desgracia mayor como un escape de gas o monóxido? Ahí estamos hablando de consecuencias serias, y lo va a tener que pagar el consorcio. Por eso, nuestras acciones van dirigidas directamente contra los consorcios más que contra las administraciones”.