En una reunión realizada en Mar del Plata, el gremio se declaró en estado de alerta y movilización.
En una jornada marcada por la incertidumbre y la preocupación, Natalia Sánchez Jáuregui, secretaria de Organización de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) a nivel nacional, presidió un plenario de Delegados Regionales y Nacionales en Mar del Plata, donde expresó la firme posición del gremio frente a lo que consideran “un intento de intervención” por parte del Gobierno de Javier Milei.
Acompañada por Enrique García, secretario General de la Seccional 826 y Delegado Provincial de la zona sudeste de UATRE, Jáuregui expuso la grave situación que atraviesa el sindicato, que agrupa a más de 400.000 afiliados en todo el país. La dirigente sindical se refirió a la intervención que hoy ya sufre la obra social ya afecta trabajadores rurales, ya que es un servicio que ha sido el blanco de diversas maniobras políticas.
“Esta intervención a Ospreda es un golpe directo a la representatividad de los trabajadores rurales, y la forma en que se llevó a cabo, por medio de un decreto y por un juez incompetente, es un claro abuso de poder”, señaló Jáuregui. Según ella, la medida fue el resultado de una denuncia arbitraria que, lejos de ser tratada con transparencia, derivó en el desplazamiento de un consejo directivo legítimamente elegido por los trabajadores.
Lo más preocupante para los dirigentes del gremio es que, “a raíz de la intervención, se designaron a personas afines al diputado de la Libertad Avanza, Pablo Ansaloni, en puestos clave de distintas delegaciones de la provincia de Buenos Aires, se premió a quienes denunciaron al gremio con cargos en la intervención”, añadió Jauregui, quien lamentó el impacto que estas decisiones están teniendo sobre los trabajadores rurales y la estructura del sindicato.
La situación se agrava aún más con el manejo de los recursos de Ospreda, la cual, con más de 400.000 trabajadores representados más su grupo familiar, es una de las más grandes del país. “La obra social se ha visto intervenida dos veces por decreto, duplicando cargos y gerencias, y colocando a personas vinculadas a Ansaloni. Lo que está en juego es mucho más que una disputa interna, estamos hablando de una caja política”, aseguró la dirigente nacional.
El monto recaudado mensualmente por la obra social, según explicaron los sindicalistas, ronda los miles de millones de pesos, con un promedio de 22.000 pesos por afiliado. Sin embargo, destacaron que muchos de los trabajadores rurales ganan sueldos bajos, cercanos a los 730.000 pesos brutos anuales, lo que hace que los recursos no sean suficientes para afrontar las necesidades del gremio y sus afiliados.
Ante esta situación, UATRE se mantiene firme en su postura y espera una respuesta contundente de la Confederación General del Trabajo (CGT). A pesar del apoyo de varias CGT regionales, la organización considera que el silencio de la central sindical ante este avance sobre uno de los gremios más importantes del país es preocupante.
“Nos gustaría saber qué tiene para decir la CGT, pero esto va más allá de un gremio o de una sección. Si nos atacan a nosotros, un gremio que representa a miles de trabajadores rurales, pueden hacerlo con cualquier otro”, sostuvo García, quien también alertó sobre la posible extensión de esta intervención a otras áreas del movimiento obrero.
Los dirigentes de UATRE no dudan en vincular esta situación con una negociación política entre el gobierno y el diputado Ansaloni, “quien a pesar de haberse presentado como defensor de los trabajadores rurales, votó leyes perjudiciales para los mismos, dejando a muchas bolsas de trabajo sin recursos” enfatizaron.
En este contexto, los sindicalistas llamaron “a la unidad del movimiento obrero, ya que consideran que la intervención al gremio de los trabajadores rurales podría ser solo el principio de un ataque más amplio a la libertad sindical en el país”.