La Suprema Corte Bonaerense hizo lugar parcialmente al planteo del Fiscal de Casación, Carlos Altuve, y determinó que los jueces definan caso por caso, considerando los derechos de las víctimas, las futuras excarcelaciones por COVID 19.
La Suprema Corte Bonaerense se pronunció hoy respecto de la polémica en torno a las excarcelaciones y otros beneficios que se otorgaron a internos del Servicio Penitenciario Bonaerense, como medida preventiva para evitar la expansión del COVID 19 dentro de las unidades carcelarias.
Para eso decidió hacer lugar parcialmente a un recurso de inaplicabilidad presentado por el Fiscal de Casación, Carlos Altuve, contra dos hábeas corpus colectivos otorgados por ese mismo tribunal, que permitían y regulaban el alcance de esos beneficios procesales.
En el fallo, se determinó que sean los propios órganos judiciales los que revisen y evalúen las peticiones de procesados o condenados a su disposición. Para eso se estableció la obligación de que el juicio sea “debidamente motivado”, que “considere los derechos de las víctimas” y que se ciña a una serie de directivas que explicitó.