La audiencia fue fijada para el 9 de diciembre y buscará acercar posiciones en el reclamo por daños y perjuicios que impulsan trabajadores del sector. Exigen compensaciones de entre 120 y 150 millones de pesos por chofer, al denunciar pérdidas de ingresos y una fuerte depreciación del valor de las licencias.
La disputa judicial entre los taxistas de Mar del Plata y las aplicaciones de transporte tendrá un nuevo capítulo el próximo 9 de diciembre. La Justicia convocó a una audiencia de mediación prejudicial obligatoria para intentar avanzar en las demandas por daños y perjuicios iniciadas contra Uber, Didi y Cabify, a las que los trabajadores responsabilizan por provocar una situación de competencia desleal.
La convocatoria representa una nueva instancia en un conflicto que lleva varios años y que ahora busca traducirse en compensaciones económicas para quienes aseguran haber sufrido un perjuicio patrimonial por la expansión de las plataformas. Los reclamos individuales contemplan indemnizaciones de entre 120 y 150 millones de pesos por cada chofer, principalmente por la caída de los ingresos y la pérdida de valor de las licencias, que en otros tiempos llegaron a cotizar entre 50.000 y 60.000 dólares.
Emiliano Arostegui, abogado de la Federación Nacional de Conductores de Taxis en la delegación Mar del Plata, explicó que “la Justicia dispuso reabrir las mediaciones realizadas durante el año pasado luego de advertir novedades en la inscripción societaria de algunas de las aplicaciones”, dijo en diálogo con Extra Radio.
En particular, señaló que Uber y Didi constituyeron recientemente domicilios legales en el país, por lo que los juzgados ordenaron realizar nuevas citaciones. La expectativa es que en el encuentro del 9 de diciembre estén presentes representantes de las tres empresas.
Arostegui sostuvo que “el reclamo apunta al período en el que las plataformas funcionaron sin ajustarse a las exigencias municipales”. Si bien reconoció que la modificación de la normativa local cambió las condiciones hacia adelante, remarcó que eso no elimina los perjuicios que denuncian por los años anteriores.
Por otra parte, indicó que “alrededor de 35 taxistas se incorporaron a las acciones judiciales, una participación que consideró baja frente a las 2.147 licencias existentes en General Pueyrredon”.
El abogado también cuestionó que “las aplicaciones se presenten como simples intermediarias”, cuando a su entender organizan un sistema de transporte que compite con los servicios tradicionales sin afrontar las mismas exigencias. La audiencia de diciembre será una nueva oportunidad para que las partes intenten acercar posiciones y avanzar en una eventual reparación económica.
FUENTE: EXTRA RADIO