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Más de 100 vecinos piden al intendente Montenegro y al HCD que derogue el expediente de la torre de 128 metros junto al chalet La Robla

Arquitectos y patrimonialistas de peso en la ciudad firmaron el reclamo, que cuestiona 23 irregularidades del trámite que dio origen a la Ordenanza 26.448 en Stella Maris.

Más de 100 vecinos y vecinas de Mar del Plata presentaron sendas notas al intendente Guillermo Montenegro y al Honorable Concejo Deliberante (HCD) para que declaren la derogación del expediente administrativo N° 1865-D-2024. Ese trámite dio origen a la Ordenanza 26.448, que habilitó indicadores urbanísticos especiales para construir una torre de 128 metros (35 pisos) en la manzana de Aristóbulo del Valle y Falucho, donde está el chalet patrimonial La Robla (Chalet María Frers de Mahn), protegido por la Ordenanza 10.075.
El pedido se hace «en defensa del patrimonio arquitectónico y natural de la ciudad». Los firmantes recuerdan que Stella Maris está catalogado por el Código de Ordenamiento Territorial como «zona parque» (R7), donde solo se permiten viviendas de hasta 7 metros de altura.
La solicitud cuenta con la adhesión de reconocidos profesionales de la arquitectura. Entre ellos, Héctor De Schant y Fernando Cacopardo, ambos con amplia trayectoria en la investigación y la docencia; los patrimonialistas Alejandro Héctor Novacovsky (doctor en Gestión del Patrimonio Histórico por la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla) y la marplatense Graciela Di Iorio; y Paula Giglio, vicedecana de la Facultad de Arquitectura, quien firmó a título personal.
Además la causa cuenta con dos presentaciones “Amicus Curiae” que se incorporaron en la causa,presentadas por el reconocido constitucionalista Dr Daniel Sabsay y por ICOMOS Argentina, Comité Nacional Argentino del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, ONG asociada a la UNESCO dedicada a la protección, conservación y puesta en valor del patrimonio cultural.
Los vecinos sostienen que el expediente presenta graves vicios de objeto, causa y procedimiento, que comprometen «la legalidad de todo lo actuado». Según el escrito, varios fueron acreditados en la causa judicial «Mirada Ciudadana y otro/a c/ Municipalidad de General Pueyrredón», que tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo N° 1.
Entre los puntos señalados figuran la ausencia de títulos de propiedad de las parcelas englobadas, dos de las cuales, según informó el Registro de la Propiedad, no pertenecerían al fideicomiso promotor (una de ellas sería un sobrante fiscal). También mencionan la falta de unificación registral de los lotes, la intervención de un profesional inhabilitado desde 2011 y la incompatibilidad del secretario de Planeamiento, Jorge González, cuya pareja elaboró el estudio de impacto ambiental.
El reclamo suma la falta de convocatoria a la Comisión Honoraria de Preservación Patrimonial y al Plan de Manejo Costero, la inexistencia de Declaración de Impacto Ambiental y de estudios sobre viento y servicios sanitarios, y la proyección del cono de sombra sobre casas y jardines del barrio. Citan además dictámenes de Daniel Sabsay e ICOMOS Argentina, que advierten que la torre destruye el valor contextual de La Robla y el paisaje de Stella Maris.
Los vecinos piden que el Ejecutivo municipal y el Concejo Deliberante, en ejercicio de sus facultades, declaren la caducidad del expediente por considerar que no puede tenerse por válidamente constituida la voluntad administrativa que lo originó.