EMBARGO MILLONARIO
La Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Buenos Aires enfrenta un embargo superior a los 3.345 millones de pesos, que podría comprometer parte de su patrimonio institucional. En paralelo, su secretario de Finanzas fue denunciado por abuso sexual en una causa que tramita en la Justicia bonaerense.
La Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Buenos Aires (FSTMPBA), conocida como la Federación “histórica” y conducida por Walter Leonardi, atraviesa una delicada situación judicial que pone en riesgo parte de su patrimonio. La organización enfrenta un embargo de *2.172.113,92 dólares, equivalentes a más de 3.345 millones de pesos*, según un peritaje contable que actualizó la deuda a valores de 2026.
La medida judicial, dictada en el marco de una causa tramitada ante el Juzgado Civil y Comercial N.º 12 de Morón, a cargo de la jueza Mónica Preisz, habilita el embargo y la eventual ejecución de bienes inmuebles pertenecientes a la organización sindical, entre ellos sedes institucionales y establecimientos turísticos ubicados en distintos puntos del país. También se dispusieron restricciones sobre las cuentas bancarias de la entidad y advirtieron que los sueldos a trabajadores afiliados a sindicatos que se encuentran adheridos a la vieja federación podrían embargarse
# Una deuda millonaria que amenaza el patrimonio sindical
El conflicto judicial tiene su origen en una operación inmobiliaria vinculada con la venta de un inmueble en Hurlingham. Según surge de la información del expediente, la Federación habría entregado un documento de pago que nunca fue cancelado durante la gestión de Humberto Bertinat, entonces titular de la organización.
Tras varios años de litigio, el abogado Sandro Silva obtuvo una sentencia favorable. Durante el proceso, la Federación fue declarada en rebeldía al no contestar la demanda ni presentar una defensa judicial.
Las consecuencias patrimoniales podrían ser significativas. De acuerdo con fuentes vinculadas al caso, entre los inmuebles potencialmente comprometidos se encuentran el histórico complejo turístico La Serranita, ubicado en Córdoba, otro establecimiento hotelero en Mar del Plata, la sede gremial de Avellaneda y un hogar destinado a familiares de trabajadores en la ciudad de La Plata.
La eventual ejecución de estos bienes no solo representaría un duro golpe económico para la entidad, sino que también podría afectar instalaciones y servicios históricamente vinculados con los trabajadores municipales y sus familias.
En paralelo a la crisis patrimonial, la Federación enfrenta otra situación judicial que involucra directamente a un integrante de su conducción.
Juan José Maury, secretario de Finanzas de la organización, fue denunciado por presunto abuso sexual, en una causa que se tramita ante la Unidad Funcional de Instrucción N.º 2 del Departamento Judicial Lanús-Avellaneda, a cargo de la fiscal Ana Tello, con intervención del Juzgado de Garantías N.º 3, a cargo del juez José Luis Arabito.
La denunciante es una dirigente cuya identidad se mantiene bajo reserva para preservar su privacidad y sus derechos.
De acuerdo con la información difundida, el hecho denunciado habría ocurrido poco más de dos meses atrás y la investigación judicial continúa en trámite. La existencia de una denuncia no implica una determinación de culpabilidad, que deberá establecerse en el marco del correspondiente proceso judicial.
# Una conducción bajo cuestionamiento
La simultaneidad de ambos procesos judiciales coloca a la Federación conducida por Walter Leonardi frente a un escenario de especial complejidad institucional.
Por un lado, una deuda millonaria que amenaza con comprometer bienes y recursos construidos a lo largo de décadas. Por otro, una denuncia penal que involucra a uno de los responsables del manejo financiero de la organización.
En este contexto, la situación abre interrogantes sobre la administración del patrimonio sindical, las responsabilidades de sus autoridades y la necesidad de garantizar transparencia institucional.
Mientras avanzan las actuaciones judiciales, el futuro de los bienes comprometidos y el desarrollo de la investigación penal serán determinantes para conocer el alcance de una crisis que afecta a una de las estructuras históricas de representación de los trabajadores municipales bonaerenses.