Los tiempos no son neutrales. Los derechos necesitan presupuesto, previsibilidad y cumplimiento efectivo.
El 21 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó, por 237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones, un proyecto de régimen permanente para el sistema de discapacidad. La iniciativa obtuvo media sanción y deberá ser tratada por el Senado.
Durante las negociaciones se incorporaron modificaciones relevantes:
▪️ Garantías presupuestarias: se estableció que las leyes de presupuesto deberán contemplar recursos suficientes para sostener el sistema y evitar una reducción real del financiamiento por beneficiario.
▪️ Fondos para cubrir faltantes: se incorporó un mecanismo para cubrir eventuales insuficiencias de las partidas del Ministerio de Salud mediante la Jurisdicción 91, Obligaciones a Cargo del Tesoro.
▪️ Continuidad de las prestaciones: se previeron adecuaciones presupuestarias para sostenerlas.
▪️ Pensiones y cobertura de salud: se precisaron requisitos para acceder a las pensiones y garantías de cobertura para sus titulares.
▪️ Deudas con prestadores: se establecieron plazos de 30 días para notificar el cronograma de cancelación y de 90 días para cancelar las deudas alcanzadas, contados desde la entrada en vigencia de la ley.
El texto también mantiene la actualización mensual por inflación del nomenclador y la compatibilidad entre pensión y empleo formal bajo determinadas condiciones, aspectos que ya estaban contemplados en el dictamen previo.
¿QUÉ OCURRIÓ CON LA PRÓRROGA DE LA LEY DE EMERGENCIA EN DISCAPACIDAD?
La prórroga hasta el 31 de diciembre de 2027 era una de las alternativas impulsadas por distintos bloques y reclamada por organizaciones del sector. Finalmente, no fue aprobada: Diputados optó por un régimen permanente.
Esta decisión merece un análisis profundo. Una parte importante del colectivo reclamaba sostener la emergencia vigente ante el incumplimiento de obligaciones legales y la falta de garantías efectivas.
DESDE ASPREDIs, HAY PREGUNTAS QUE SIGUEN ABIERTAS.
¿Alcanzarán los recursos para financiar el sistema durante todo 2027? ¿Qué ocurrirá si las partidas son insuficientes o si los fondos presupuestados no se ejecutan?
La experiencia demuestra que una ley aprobada no garantiza, por sí sola, su cumplimiento. Mientras los pagos se demoran y los aranceles pierden frente a los costos, los prestadores debemos sostener equipos, salarios, alquileres, servicios y cargas tributarias sin la previsibilidad necesaria.
Los tiempos no son neutrales: la incertidumbre compromete las fuentes de trabajo y puede poner en riesgo la continuidad de las prestaciones que necesitan las personas con discapacidad.
También nos alerta la falta de una convocatoria amplia y efectiva a las personas con discapacidad, sus organizaciones y quienes trabajamos diariamente en el sector. Quienes ponemos los pies en el barro conocemos de primera mano las barreras, las necesidades y las consecuencias de las decisiones que se toman lejos de la realidad cotidiana. Esa experiencia debe formar parte de las políticas públicas que afectan nuestros derechos y nuestro trabajo.
Desde AsPREDIs seguiremos atentamente el tratamiento en el Senado y el debate del Presupuesto 2027, exigiendo participación real, financiamiento suficiente, pagos en tiempo y forma y mecanismos efectivos de control.
Esperamos conocer el texto completo y definitivo de la ley, y exigimos que el Presupuesto 2027 contemple y garantice los fondos necesarios para su implementación efectiva.
Porque los derechos no pueden quedar sujetos a promesas, los prestadores no podemos seguir sosteniendo el sistema en condiciones de incertidumbre y las personas con discapacidad no pueden esperar indefinidamente el cumplimiento de lo que les corresponde.
UNA LEY SIN PRESUPUESTO SUFICIENTE Y SIN EJECUCIÓN EFECTIVA NO GARANTIZA DERECHOS.
SIN PRESTADORES, NO HAY PRESTACIONES.