El Colegio de Magistrados y Funcionarios de Mar del Plata advirtió sobre campañas de hostigamiento y presión en redes sociales contra integrantes del Poder Judicial.
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El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial Mar del Plata expresó su preocupación por campañas de hostigamiento y presión en redes sociales destinadas, según advirtió, a condicionar la labor de quienes integran el Poder Judicial. La entidad ya había tenido intervenciones públicas recientes sobre situaciones institucionales, como su pronunciamiento tras la destitución del juez Mariano Riva.
En un comunicado, el Colegio sostuvo que se detectó la utilización de imágenes adulteradas o generadas por inteligencia artificial con el fin de intimidar, presionar o chantajear a magistrados y magistradas para que adopten determinadas decisiones judiciales, bajo amenaza de desacreditarlos públicamente.
Campañas en redes contra magistrados
La entidad remarcó que esas prácticas exceden el marco de la crítica legítima y vulneran la convivencia democrática y el sistema de garantías constitucionales. También alertó sobre el uso de mecanismos de manipulación informativa para afectar la legitimidad de la Justicia.
El comunicado fue difundido en un contexto en el que distintas decisiones judiciales generan repercusión pública y debate social. En la ciudad, por ejemplo una resolución de la Justicia federal vinculada al Faro de la Memoria, otro caso en el que una medida judicial tuvo impacto institucional y público.
La defensa de la independencia judicial
Desde el Colegio señalaron que la independencia judicial es un pilar del Estado de Derecho y que cada resolución debe adoptarse en función de la ley, las pruebas y los hechos de la causa, sin presiones externas ni extorsiones mediáticas.
La entidad aclaró que toda decisión judicial puede ser revisada por los canales legales y los tribunales superiores previstos por el ordenamiento jurídico. Sin embargo, sostuvo que la discrepancia no puede transformarse en una herramienta de intimidación personal.
Por último, el Colegio reafirmó su compromiso con la defensa de la función jurisdiccional, convocó a la responsabilidad social en el debate público y exigió respeto a la institucionalidad. “Una justicia libre, independiente y abierta al diálogo ciudadano es la única garantía de una sociedad verdaderamente justa y democrática”, planteó.