En el inicio del segundo cuatrimestre, se reflotó el conflicto por le financiamiento universitario.
Pasado más de un mes del fallo de la Corte que dejó firme la medida cautelar que obliga al gobierno de Javier Milei a cumplir la ley de financiamiento universitario y así actualizar los salarios en función de la inflación acumulada desde diciembre de 2023, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) denunció un incumplimiento del gobierno y le pidió a la Justicia que lo intime a ejecutar con lo resuelto.
“El gobierno nacional no cumple con la cautelar, desobedece el fallo de la Corte Suprema y tampoco cumple con los recursos que comprometió para gasto y funcionamiento”, escribió el CIN, que reúne a todos los rectores del país, en un comunicado que fue replicado por la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) en el marco de un conflicto que parece reiniciarse de cara al inicio del segundo cuatrimestre.
El organismo universitario le pidió a la Justicia que “intime al Estado a cumplir la cautelar” y así exigió una vez más al gobierno “que respete la ley”.
Desde la UNMdP explicaron que el pedido de la Justicia fue formalizado con una presentación en la que se requirió que se “intime al Poder Ejecutivo Nacional a cumplir, en un plazo de cinco días, con las obligaciones establecidas por la medida cautelar, luego de que el gobierno nacional no efectuara las transferencias comprometidas para hospitales universitarios ni actualizara los gastos de funcionamiento de las universidades”.
“Desde la Universidad Nacional de Mar del Plata acompañamos este reclamo, porque garantizar el financiamiento de las universidades públicas es garantizar el derecho a la educación superior, la investigación, la extensión y la salud”, enfatizaron desde la institución.
¿Qué establece la cautelar que dejó firme la Corte Suprema a fines de junio? Que mientras en la causa se discute la inconstitucionalidad de la suspensión de la ley de financiamiento universitario, el gobierno tiene que cumplir con dos de sus artículos que disponen actualizar los salarios de docentes y nodocentes y las becas estudiantiles en función de la inflación acumulada desde que asumió.
Cabe recordar que si bien antes del fallo de la Corte el gobierno selló un acuerdo con los gremios universitarios, esos aumentos acordados estuvieron por debajo de lo que exige la ley -y por ende la cautelar- en relación a lo que perdieron los salarios desde diciembre de 2023 cuando asumió Milei en función de la inflación acumulada.
En ese marco, tras el fallo de la Corte los gremios del sector habían reclamado que con los salarios de julio se pagara lo adeudado en función de lo previsto en la ley.